El conflicto con los prácticos frenó más de 140 buques, afectó las exportaciones de granos y encendió alertas por el abastecimiento de combustibles mientras el Gobierno busca negociar.
El comercio exterior argentino quedó prácticamente paralizado este lunes 3 de agosto tras el inicio del paro por tiempo indeterminado de los prácticos, pilotos y baqueanos en rechazo al Decreto 690/2026 del Gobierno nacional. La medida dejó más de 140 buques pendientes de operar, frenó las exportaciones de granos y combustibles y obligó al Ejecutivo a iniciar contactos para abrir una negociación. El conflicto cobra especial relevancia porque afecta directamente la principal vía de ingreso de divisas del país y amenaza con generar pérdidas millonarias para toda la cadena agroexportadora y energética.
La protesta impactó de lleno sobre los principales puertos argentinos, donde toda la operatoria vinculada con granos, combustibles y mercaderías quedó interrumpida por la ausencia de los profesionales encargados de guiar las maniobras de ingreso y salida de los buques. Desde el sector aseguraron que ninguna embarcación puede operar sin el servicio de practicaje, por lo que decenas de barcos permanecen fondeados a la espera de una resolución. La situación afecta especialmente al complejo agroexportador del Gran Rosario, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones de granos del país, profundizando la incertidumbre sobre el ingreso de dólares provenientes del campo.
El conflicto también alcanzó al sector energético. La Cámara Argentina de Energía (CADE) advirtió que la paralización de los puertos compromete la distribución nacional de nafta, gasoil y fuel oil, ya que los principales muelles operativos permanecen sin actividad. Además, un buque clave para las obras del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) quedó detenido sin autorización para ingresar al puerto, retrasando trabajos estratégicos sobre una obra considerada fundamental para ampliar las exportaciones de petróleo argentino, que podrían superar los USD 18.500 millones anuales hacia 2027 si se cumplen los plazos previstos.
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Mientras tanto, el Gobierno comenzó a mover fichas para destrabar el conflicto. Funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría Legal y Técnica iniciaron contactos con representantes de los prácticos para conformar una mesa de diálogo. Sin embargo, los trabajadores respondieron que solo aceptarán negociar si previamente se suspende o deroga el Decreto 690/2026, norma que desregula el sistema de practicaje y pilotaje. Paralelamente, la Prefectura Naval Argentina intimó a los profesionales a retomar sus tareas al considerar que se trata de un servicio público esencial cuya interrupción podría derivar en sanciones administrativas e incluso denuncias penales.
El Centro de Navegación (CNAV) alertó que varias operaciones previstas en terminales argentinas ya comenzaron a ser desviadas hacia el puerto de Montevideo y otras terminales del sur de Brasil. Según la entidad, el conflicto genera incumplimientos contractuales, mayores costos logísticos, pérdida de transbordos y riesgo de saturación en plantas industriales, además de afectar la reputación internacional de la Argentina como proveedor confiable dentro del comercio marítimo. El temor del sector es que, si el paro se prolonga, los daños económicos sean difíciles de revertir incluso después de normalizarse la actividad.
La paralización ocurre además en un momento especialmente sensible para la economía. El mismo día se conoció que las empresas agroexportadoras liquidaron USD 2.918 millones durante julio, un 28% menos que en igual mes del año pasado, según datos de CIARA y el CEC. La caída responde en parte al efecto estadístico generado por la reducción temporal de retenciones aplicada en 2025, pero también refleja un menor dinamismo exportador. En este escenario, cualquier interrupción en la logística portuaria agrava la llegada de divisas y suma presión sobre un sector clave para el equilibrio macroeconómico argentino.