Atilra exigió acelerar la salida para SanCor: alerta por trabajadores sin ingresos, plantas paralizadas y activos que pierden valor mientras esperan inversores.
La crisis de SanCor CUL volvió este 18 de agosto al centro de la agenda de la industria láctea argentina, luego de que Atilra reclamara una definición de la Justicia a más de cuatro meses de decretada la quiebra y advirtiera por el deterioro económico de trabajadores y acreedores. El sindicato sostiene que existen interesados en adquirir activos y reactivar la producción, pero que el proceso continúa sin una resolución de fondo que permita avanzar. La demora no solo golpea a cientos de familias: también puede deteriorar instalaciones, reducir el valor de los activos y complicar una eventual recuperación productiva de una de las marcas históricas de la lechería nacional.
El conflicto tiene una profundidad que excede ampliamente los últimos cuatro meses. Según recordó el Consejo Directivo Nacional de Atilra, hace nueve años comenzaron los problemas con el pago de salarios, mientras que el concurso preventivo se abrió hace alrededor de un año y medio y la quiebra fue decretada cuatro meses atrás, a pedido de la propia empresa. Para el gremio, el punto crítico es que todavía no existe una definición firme que permita liquidar los bienes y comenzar a pagar a los acreedores. La organización aseguró, además, que múltiples oferentes adquirieron los pliegos licitatorios con la intención de invertir, recuperar producción y volver a generar puestos de trabajo.

Plantas paradas, activos que pierden valor y trabajadores sin respuestas
La advertencia sindical introduce un factor económico determinante para el futuro de SanCor: el tiempo también tiene un costo industrial. Una planta láctea paralizada requiere mantenimiento, preservación de equipamiento y recursos para conservar su capacidad operativa. Cuanto más se extienda la inactividad, mayor puede ser la inversión necesaria para volver a producir. Atilra aseguró que la demora en la reactivación total está generando un «daño pecuniario y social irreparable» para los empleados, sus familias y el resto de los acreedores. En una cadena que necesita escala, materia prima, logística y continuidad comercial, recuperar los establecimientos también dependerá de qué capacidad productiva quede disponible al momento de concretarse una eventual transferencia.

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El frente laboral aparece como el aspecto más urgente. Atilra sostuvo que cientos de trabajadores quedaron sin empleo efectivo y enfrentan dificultades vinculadas con ingresos y cobertura de salud. El gremio señaló que parte del personal fue excluido de la cobertura asistencial de su obra social por disposiciones de la Superintendencia de Servicios de Salud y recordó que también existen trabajadores que aceptaron retiros voluntarios anticipados y todavía aguardan las liquidaciones correspondientes. Según la organización, durante este período destinó recursos propios para brindar asistencia y contención, pero esa capacidad se agotó. La conducción sindical llegó a advertir que las familias afectadas están «a las puertas del hambre».

La presión ahora apunta directamente a conseguir una salida que permita transformar activos paralizados en unidades nuevamente productivas. El sindicato reconoció que una quiebra de esta magnitud requiere tiempos judiciales y que los grupos empresarios necesitan estructurar acuerdos antes de realizar inversiones. Sin embargo, anticipó que no permanecerá «de brazos cruzados» y planteó la posibilidad de marchas, manifestaciones y otras acciones sindicales contempladas por la Constitución. El escenario abre así una etapa sensible: mientras potenciales compradores analizan establecimientos y negocios, los trabajadores reclaman acelerar una resolución que permita recuperar ingresos y comenzar a definir qué parte de la estructura de SanCor tiene posibilidades concretas de volver al mercado.
La resolución también tendrá impacto sobre el mapa de la lechería argentina. SanCor fue durante décadas uno de los grandes protagonistas del procesamiento y comercialización de lácteos, con una estructura estrechamente vinculada a las cuencas productivas del centro del país. Una eventual reactivación podría recuperar capacidad industrial, empleo y demanda de leche; una demora prolongada, en cambio, amenaza con profundizar la pérdida de valor de los activos y hacer más costosa cualquier recuperación. Después de años de crisis, concurso y finalmente quiebra, la discusión ya no pasa únicamente por quién puede quedarse con las plantas. El interrogante económico es cuánto de la estructura productiva podrá salvarse cuando finalmente llegue una definición.

