El Senasa confirmó el picudo rojo en Entre Ríos y amplió la emergencia. El riesgo sanitario amenaza palmeras y obliga a reforzar controles hasta 2028.
El Gobierno nacional amplió este 31 de agosto la emergencia fitosanitaria por el picudo rojo de las palmeras hasta el 30 de junio de 2028, luego de que el Senasa confirmara ejemplares adultos y juveniles en el departamento Uruguay, Entre Ríos. La decisión incorpora a esa provincia al esquema que ya alcanzaba a Buenos Aires y cambia la dimensión del problema: la especie invasora dejó de estar asociada solamente al foco de la isla Martín García y fue detectada en territorio continental. El avance importa por el potencial daño económico, ambiental y social que podría generar su dispersión, además de los costos que demandarán la vigilancia, contención y eventual erradicación.
Del foco aislado al continente: por qué cambió el riesgo sanitario
La aparición en Entre Ríos representa un salto sanitario relevante. Durante agosto fueron notificadas palmeras Phoenix canariensis con daños compatibles con el insecto y, tras la inspección oficial, técnicos encontraron individuos en diferentes estados de desarrollo. El Laboratorio Regional Chajarí del Senasa determinó que los ejemplares eran compatibles con Rhynchophorus ferrugineus, lo que llevó a activar el Plan de Contingencia. La emergencia comprende ahora Buenos Aires y Entre Ríos, mientras se intensifican las tareas destinadas a detectar nuevos focos. Para el sector productivo, contener la expansión tempranamente resulta clave: cuanto mayor sea el territorio colonizado, más complejos y costosos pueden volverse los programas de control.
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El picudo rojo no es una plaga menor. Se trata de un escarabajo invasor que puede alcanzar unos cinco centímetros y desarrolla buena parte de su ciclo dentro de las palmeras, una característica que dificulta advertir rápidamente una infestación. Allí pueden encontrarse huevos, larvas, pupas y adultos, mientras el deterioro de la planta avanza desde su interior. El problema económico aparece cuando una plaga exótica obliga a multiplicar monitoreos, tratamientos, eliminación de ejemplares afectados y restricciones sobre el movimiento de material vegetal. A eso se suma el impacto potencial sobre viveros, espacios urbanos, patrimonio paisajístico y ecosistemas, justamente una de las razones por las que las autoridades buscan impedir que el insecto amplíe su distribución.
Argentina ya venía reforzando su esquema preventivo. En octubre de 2024 se había establecido una alerta fitosanitaria nacional para mejorar la prevención, detección, contención y erradicación. En febrero de 2026, luego de la aparición del insecto en isla Martín García, se declaró allí la emergencia y se aprobó un plan específico con medidas sanitarias, responsabilidades y principios activos habilitados para el control. Posteriormente, la vigilancia fue extendida hasta junio de 2028. La novedad de Entre Ríos modifica aquella estrategia defensiva: ya no se trata únicamente de impedir que un foco insular se expanda, sino de enfrentar una detección confirmada sobre el continente y reducir las posibilidades de dispersión hacia nuevas áreas.
El costo de frenar la plaga y el desafío que se abre para Argentina
La emergencia pone nuevamente sobre la mesa un aspecto central para el agro argentino: la sanidad vegetal también es competitividad económica. Aunque el picudo rojo afecta específicamente a palmeras y no implica por sí mismo una amenaza generalizada para los principales cultivos extensivos, la capacidad de detectar, contener y erradicar organismos cuarentenarios resulta estratégica para un país agroexportador. Los mercados internacionales prestan cada vez mayor atención a la trazabilidad, los controles fitosanitarios y la bioseguridad. En ese escenario, impedir la expansión de una especie invasora permite reducir pérdidas directas, pero también demostrar capacidad institucional frente a riesgos sanitarios que pueden condicionar flujos comerciales y elevar costos productivos.
El Senasa considera al picudo rojo una plaga cuarentenaria cuya introducción y dispersión puede provocar consecuencias económicas, ambientales o sociales. Por eso, la extensión de la emergencia hasta 2028 da margen para sostener vigilancia y control durante casi dos años más. El desafío será determinar hasta dónde llegó el insecto y evitar nuevos focos. Para la Argentina, que compite regionalmente con Brasil, Uruguay y Paraguay en un escenario donde las exigencias sanitarias son cada vez mayores, la prevención tiene un valor que excede este episodio puntual. Cada plaga que logra instalarse implica más costos; cada foco que puede contenerse a tiempo evita que la factura sanitaria y económica termine siendo mucho más pesada.