El agro pidió al Senado acelerar la ley de carbono: proyecta ingresos millonarios, nuevas inversiones y una mayor inserción argentina en el mercado global.
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) reclamó al Senado avanzar con la ley que regulará el mercado de carbono, luego del dictamen alcanzado en comisión sobre los proyectos en discusión. Para la agroindustria, la definición legislativa resulta clave porque permitiría convertir las reducciones y capturas de emisiones generadas por distintas actividades productivas en activos comercializables con mayor seguridad jurídica. Las estimaciones sectoriales indican que Argentina podría captar entre US$ 1.400 millones y US$ 3.900 millones por año y movilizar más de US$ 2.000 millones en inversiones territoriales de mediano plazo.
La discusión tiene impacto directo sobre el negocio agropecuario. Argentina dispone de herramientas como el manejo sustentable de suelos, la ganadería regenerativa, la forestación, la bioenergía y el biocarbón, pero todavía necesita reglas que permitan monetizar esos beneficios ambientales a una escala mayor. Gustavo Idígoras, presidente del CAA, sostuvo que el país tiene condiciones diferenciales, aunque remarcó que para convertirlas en inversión y empleo hacen falta previsibilidad e institucionalidad. En un agro condicionado históricamente por retenciones, costos logísticos y cambios regulatorios, la estabilidad de las reglas vuelve a aparecer como factor de competitividad.
La oportunidad que el agro no quiere dejar pasar
Actualmente existen más de 40 proyectos de carbono en ejecución en Argentina, concentrados principalmente en mercados voluntarios. Una legislación específica podría ampliar esa frontera y conectar al país con mecanismos internacionales regulados, entre ellos el Artículo 6 del Acuerdo de París y CORSIA, el esquema vinculado a la aviación internacional. Según el planteo del CAA, este salto permitiría duplicar la cantidad de desarrollos en el corto plazo y acceder a precios por tonelada de CO2 que podrían triplicar los valores actuales. Allí aparece una oportunidad para productores y empresas que ya incorporaron prácticas sustentables pero todavía encuentran dificultades para capturar económicamente ese diferencial.
El fósforo está en el suelo, pero los cultivos no lo aprovechan: una tecnología busca cambiarlo
Uno de los puntos centrales del proyecto es el reconocimiento de la propiedad de los créditos de carbono para los titulares de los proyectos, junto con el respeto por el dominio provincial de los recursos y el federalismo ambiental. También contempla estabilidad fiscal por diez años, exención de derechos de exportación y un Registro Nacional de Reducciones de Emisiones ágil y declarativo. El objetivo reclamado por el sector es evitar que la regulación termine sumando otra capa burocrática. Para una Argentina que compite por capital con Brasil, Uruguay y Paraguay, transformar sustentabilidad en financiamiento y exportaciones requiere reglas homologables internacionalmente y previsibilidad doméstica.
De capturar carbono a generar nuevos dólares para la Argentina
La apuesta excede la aprobación de una ley. El CAA también planteó la necesidad de actualizar la agenda climática argentina y fortalecer el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, junto con metas transparentes de reducción. Esa arquitectura técnica es necesaria para que los créditos locales puedan ganar reconocimiento en los mercados externos. El desafío será lograr que las exigencias ambientales dejen de funcionar únicamente como una nueva barrera para el agro y se conviertan en una fuente adicional de divisas, inversión y agregado de valor. Con una demanda mundial creciente por trazabilidad y menor huella de carbono, Argentina tiene recursos para competir; la discusión pasa ahora por generar el marco institucional para cobrarlos.