El Senado debatirá cambios que elevan los cortes y redefinen el mercado del biodiésel, con impacto directo sobre pymes, aceiteras e inversiones.
El Senado debatirá este jueves 17 de septiembre un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, luego de que las negociaciones de las últimas horas introdujeran modificaciones en el capítulo del biodiésel para intentar destrabar los votos. La discusión importa especialmente al agro argentino porque el proyecto eleva los cortes obligatorios, modifica el reparto del mercado entre empresas y puede redefinir inversiones vinculadas con la soja, el maíz y la industrialización de materias primas. El texto llega al recinto después de que un intento anterior naufragara por falta de acuerdo en torno al biodiésel.
La iniciativa propone un cambio significativo en la demanda doméstica de biocombustibles. El corte obligatorio de biodiésel en el gasoil pasaría del actual 7,5% al 10% a los doce meses de sancionada la ley, mientras que el bioetanol avanzaría del 12% al 15%. Para una economía que busca ampliar el agregado de valor de su producción primaria, el nuevo esquema abre una discusión que excede al surtidor: implica determinar qué participación tendrán las distintas empresas en un mercado alimentado por dos cadenas centrales de la agroindustria argentina, la soja y el maíz, además de la producción de caña de azúcar.
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Biodiésel: el reparto del mercado que concentra la disputa
El punto más sensible está en la convivencia entre las compañías denominadas «no integradas» y las grandes empresas integradas a la industria aceitera. Con un corte de biodiésel del 10%, el esquema negociado contempla inicialmente 6,5 puntos para el segmento de las no integradas y otros 3,5 puntos dentro de un mercado de negociación en el que podrían competir ambos grupos. La transición ampliaría progresivamente el espacio abierto. En las últimas negociaciones, además, apareció una concesión: elevar del 3% al 4% la participación reservada a las no integradas hasta 2036, una modificación destinada a acercar posiciones con las pymes del sector.
Pero la discusión económica no termina en los porcentajes. Una nueva redacción del artículo 36 amplía los criterios para determinar cuándo distintas sociedades pertenecen a un mismo «grupo económico», tomando como referencia relaciones de control o influencia significativa existentes al 31 de diciembre de 2025 o posteriores. Entre otros parámetros, contempla participaciones societarias, influencia dominante y vínculos económicos. La definición resulta decisiva porque puede modificar qué plantas son consideradas no integradas y, por lo tanto, cuáles pueden acceder al volumen reservado específicamente para ese segmento.
Para las empresas alcanzadas, el cambio puede traducirse directamente en volumen de ventas, utilización de capacidad instalada y condiciones de competencia. Una compañía que deje de ser clasificada como no integrada no quedaría fuera del negocio, pero tendría que disputar su participación dentro del segmento abierto con productores de mayor escala e integración industrial. Esa frontera explica buena parte de la resistencia empresarial y política que frenó el tratamiento anterior. El debate también refleja una cuestión recurrente para el agro argentino: cómo avanzar hacia mercados más competitivos sin provocar una transición que deje a las firmas de menor escala expuestas frente a grandes jugadores.
Más corte, valor agregado y una señal para las inversiones
El bioetanol presenta un escenario menos conflictivo. El proyecto prevé llevar su participación en las naftas hasta el 15%, manteniendo seis puntos porcentuales para el producto elaborado con caña de azúcar y otros seis para el proveniente del maíz. Los tres puntos adicionales quedarían abiertos a los productos habilitados por la futura legislación. El esquema puede generar una demanda adicional para cadenas agroindustriales del NOA y de la región maicera, al mismo tiempo que amplía el papel de los combustibles renovables dentro de la matriz energética argentina.
El trasfondo económico es relevante. Argentina tiene una plataforma agroindustrial capaz de transformar granos en energía y capturar mayor valor dentro del país, pero el desarrollo del sector depende también de reglas previsibles, precios, escalas productivas y condiciones que permitan sostener nuevas inversiones. Como referencia del peso que ya tiene este mercado, datos oficiales informaron que durante 2024 se destinaron al corte obligatorio 775.366 toneladas de biodiésel y 1,124 millones de metros cúbicos de bioetanol. Para septiembre de 2026, además, la Secretaría de Energía fijó en $2.012.598 por tonelada el precio del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria.
La votación, por eso, tendrá consecuencias más allá de la pulseada parlamentaria. La nueva ley puede alterar la demanda de materias primas, la competencia entre plantas y las decisiones de inversión de una industria estrechamente vinculada con el complejo agroexportador. Para la Argentina, que necesita transformar una mayor proporción de su producción antes de exportarla, los biocombustibles aparecen como una vía concreta de agregado de valor. La discusión que llega al Senado será definir bajo qué reglas, con qué transición y entre qué actores se distribuirá ese crecimiento.