La Cámara de Rafaela habilitó la continuidad de la venta de seis fábricas y marcas de SanCor, aunque ordenó modificar puntos clave del proceso.
La Justicia santafesina destrabó este 17 de septiembre la venta de seis plantas industriales y las marcas de SanCor, luego de que distintas apelaciones paralizaran la licitación de los activos de la histórica cooperativa láctea. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela confirmó que el procedimiento puede continuar, aunque ordenó introducir modificaciones. La resolución es relevante para la agroindustria argentina porque vuelve a poner en movimiento una operación vinculada con activos industriales valuados inicialmente en US$28 millones y marcas tasadas en US$24,7 millones, en una quiebra que acumula acreedores, trabajadores y bienes estratégicos.
La definición de los camaristas Pablo Lorenzetti, María José Álvarez Temea y Duilio Maximiliano Hail evita retrotraer todo el expediente. En términos concretos, la licitación no deberá comenzar desde cero: conservará lo actuado hasta ahora, pero tendrá nuevas reglas para determinar las ofertas y adjudicar los activos. Uno de los cambios centrales será monetario. Los interesados podrán realizar el pago en pesos y no exclusivamente en dólares. Además, antes de recibir las propuestas tendrá que aprobarse una grilla que establezca el puntaje y los parámetros utilizados para compararlas, con el objetivo de transparentar una operación seguida de cerca por toda la cadena láctea.
Seis plantas, marcas millonarias y una deuda superior a US$120 millones
El proceso tiene detrás una de las crisis empresariales más simbólicas del agro argentino. SanCor, que durante décadas ocupó un lugar central dentro de la lechería nacional, llegó a la quiebra después de que sus propias autoridades solicitaran avanzar judicialmente por ese camino. La cooperativa arrastraba una deuda superior a los US$120 millones. En junio, el juez Marcelo Gelcich aprobó el pliego destinado a desprenderse de activos y estableció un esquema dividido en seis etapas. El paquete incluyó seis establecimientos fabriles con una valuación conjunta de US$28 millones, mientras que las marcas de la compañía fueron tasadas en otros US$24,7 millones.
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Sin embargo, la hoja de ruta quedó trabada por diferentes presentaciones. Uno de los síndicos, Fidulac SA y empresas que sostienen tener derechos sobre bienes registrados a nombre de fideicomisos cuestionaron distintos aspectos del procedimiento. Durante julio, los recursos recibieron efecto suspensivo y posteriormente se agregó otra apelación de ITC Fiduciaria. La consecuencia fue la suspensión de la licitación. El nuevo pronunciamiento rechazó la pretensión de anular completamente el proceso, aunque recogió parte de los cuestionamientos y obligó a modificar condiciones que serán determinantes a la hora de elegir quién se queda con los activos.
Uno de los puntos más importantes es cómo se determinará la alternativa económicamente más conveniente. Cuando llegue el momento de adjudicar, la Justicia deberá comparar una eventual propuesta por el conjunto de los bienes con la suma de las ofertas efectuadas por lotes separados. Deberá imponerse la opción que permita obtener mayores recursos para atender las acreencias de la quiebra. También tendrán que actualizarse y completarse las valuaciones, incorporando una estimación del precio probable de venta en el mercado. El caso más sensible es Sunchales: esa planta había sido valuada en US$3 millones, pero tras el incendio ocurrido en junio de 2026 su base se redujo a US$2,4 millones.
Sunchales y las marcas que todavía tienen una discusión judicial abierta
El tribunal también modificó el tratamiento de activos sobre los que todavía existe una disputa de propiedad. La situación comprende la planta de Sunchales y las marcas Mendicrim y Santa Brígida, vinculadas con fideicomisos y sujetas a causas que deberán determinar si efectivamente integraban el patrimonio de SanCor. El mecanismo original contemplaba la posibilidad de transferirlos al adquirente y cancelar las inscripciones correspondientes antes de una resolución definitiva. La Cámara eliminó esa alternativa: seguirán formando parte del procedimiento, pero la propiedad únicamente podrá transferirse cuando exista una sentencia firme que determine que pertenecían a la cooperativa.
Eso no significa que necesariamente deban permanecer improductivos hasta que termine la discusión. Según lo dispuesto, el eventual comprador podrá recibir esos activos y utilizarlos para producir, mientras que la transferencia definitiva quedará condicionada al resultado judicial. El fallo también estableció que los dos síndicos deberán participar del análisis de las ofertas. Si mantienen posiciones diferentes, ambas tendrán que quedar asentadas. La Cámara buscó así evitar que las divergencias internas vuelvan a demorar un expediente donde están en juego el recupero de los acreedores, los puestos laborales y la posibilidad de preservar capacidad productiva dentro de una industria láctea argentina que atraviesa una profunda reconfiguración.
La resolución abre ahora una nueva etapa para SanCor, pero no cierra todos los interrogantes. Las ofertas, las tasaciones actualizadas y el resultado de las disputas sobre determinados bienes terminarán definiendo cuánto podrá recuperarse de una estructura industrial que alguna vez convirtió a la cooperativa en referencia regional. La Justicia dio luz verde para continuar y descartó volver al punto de partida, aunque fijó condiciones más estrictas para seleccionar compradores y proteger el interés de los acreedores. Para la lechería argentina, el desenlace también mostrará qué parte de esa capacidad industrial logra mantenerse activa y bajo qué nuevos propietarios.