El Inase reunirá a la Mesa de Enlace y los semilleros para definir consensos sobre uso propio y avanzar con una reforma que llegará al Congreso.
El Gobierno convocó para el lunes 28 de septiembre a la Mesa de Enlace y a la industria semillera para definir los consensos alcanzados sobre el uso propio de semillas y acelerar la reforma de la legislación vigente. La reunión será encabezada por el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y tendrá como objetivo identificar qué productores podrían quedar exceptuados del pago y bajo qué condiciones. Con esas definiciones, el organismo comenzará a redactar un proyecto que el Ejecutivo pretende enviar al Congreso dentro de un mes, un movimiento relevante para productores y empresas por su impacto sobre costos, derechos de propiedad y adopción tecnológica.
Uso propio: el punto que puede definir la nueva ley
La convocatoria llega después de tres encuentros técnicos entre representantes de la Mesa de Enlace y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA). La discusión comprende principalmente soja y trigo, aunque alcanza también al algodón, las legumbres y otros cultivos. Uno de los cambios surgidos durante las negociaciones fue dejar atrás la propuesta inicial de una excepción general de 500 hectáreas y comenzar a trabajar con los deciles de superficie del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Todavía resta definir públicamente qué superficie por cultivo quedaría alcanzada y qué productores accederían al uso propio gratuito.
El Gobierno buscará transformar esos acuerdos sectoriales en la base de la reforma y luego volver a presentar el texto a las entidades antes de llevarlo al Congreso. Sin embargo, todavía no existe un acuerdo integral entre productores y semilleros ni un proyecto oficial terminado. Para el agro, el punto sensible será encontrar un equilibrio entre el derecho del productor a reservar semilla y la remuneración de la innovación genética. El resultado tendrá efectos sobre la inversión en biotecnología, la disponibilidad de nuevas variedades y la competitividad de una agricultura argentina que necesita cerrar brechas tecnológicas frente a otros grandes exportadores.
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Upov 91 aparece en el horizonte, pero corre por otra vía
La discusión también está atravesada por una eventual adhesión argentina al Acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov). Actualmente el país está adherido al Acta de 1978 y la reforma de la ley de semillas y una eventual incorporación a Upov 91 son, por ahora, procesos diferentes. El régimen internacional permite que cada país establezca excepciones al derecho del obtentor y determine condiciones para el uso propio. Allí persisten diferencias: sectores de la producción plantean continuar bajo Upov 78, mientras la negociación con la industria busca consensuar mecanismos que den previsibilidad y transparencia al sistema.
La reunión del lunes será así el primer examen concreto de meses de conversaciones. El desafío será determinar hasta dónde llega el consenso y qué temas seguirán abiertos cuando la discusión pase al Congreso. Para la Argentina, modernizar el régimen de semillas no es solamente una disputa entre productores y obtentores: también involucra innovación, agregado de valor y capacidad para competir con Brasil, Estados Unidos y otros jugadores que aceleran la incorporación de genética y tecnología al campo. La letra fina sobre el uso propio será, en ese escenario, uno de los puntos que determinarán el alcance real de la reforma.