Quince estados de EE.UU. cuestionan la creación de Vylor y apuntan a posibles pasivos ambientales. El conflicto puede tener impacto en el negocio agrícola global.
Quince estados de Estados Unidos y el territorio de Guam demandaron el 1 de octubre a Corteva, el mismo día en que se concretó la separación de su negocio de semillas y genética en Vylor, una nueva compañía independiente. Los fiscales cuestionan la operación porque sostienen que podría haber colocado activos valiosos fuera del alcance de potenciales responsabilidades por contaminación vinculada a los PFAS, una amplia familia de sustancias químicas de muy lenta degradación conocidas como «químicos eternos». El caso importa al agro latinoamericano porque la reorganización divide dos negocios estratégicos para la región: semillas y genética, por un lado, y protección de cultivos, por otro.
Según informó Reuters, la demanda fue presentada en un tribunal estatal de Indiana por un grupo bipartidista de fiscales generales. Los estados alegan que Vylor recibió lo que consideran los activos más valiosos del negocio de Corteva sin asumir responsabilidades relacionadas con la contaminación histórica por estas sustancias. La presentación judicial acusa a la compañía de haber separado activos rentables de potenciales obligaciones ambientales, aunque se trata de argumentos que todavía deberán ser evaluados por los tribunales y no de una sentencia que determine responsabilidad de Corteva o Vylor.
El conflicto tiene raíces anteriores a la actual estructura empresarial. Corteva surgió del proceso corporativo que involucró a Dow Chemical y DuPont y, cuando posteriormente se convirtió en una empresa independiente, asumió determinadas responsabilidades relacionadas con pasivos históricos de DuPont. Durante años se presentaron en Estados Unidos miles de demandas vinculadas a la producción y comercialización histórica de sustancias PFAS, por su persistencia en el ambiente. Los estados sostienen ahora que la creación de Vylor podría reducir los activos disponibles para responder frente a eventuales reclamaciones relacionadas con esos litigios.
La nueva carrera por biostimulante y fertilizantes funcionales que acelera en América Latina
Corteva rechaza esa interpretación. La compañía sostuvo que los reclamos de los estados relacionados con los PFAS son «especulativos y no probados» y remarcó que Corteva nunca fabricó ni comercializó productos PFAS, de acuerdo con la posición empresarial recogida por Reuters. California ya había intentado frenar la separación mediante una presentación en otro expediente judicial, pero un juez federal de Carolina del Sur rechazó el pedido de emergencia. La operación pudo avanzar y Vylor comenzó a funcionar como una compañía independiente, mientras la discusión sobre las responsabilidades ambientales continúa abierta.
Qué puede cambiar para el agro de América Latina
Más allá de la batalla judicial en Estados Unidos, la separación modifica el mapa internacional de semillas, genética, biotecnología y protección de cultivos, sectores estratégicos para las cadenas de valor agroalimentarias latinoamericanas. Vylor pasa a concentrar el negocio de semillas y genética, mientras Corteva continúa enfocada en soluciones destinadas al manejo de malezas, plagas y enfermedades. Para productores, distribuidores, semilleros y empresas agropecuarias de la región, será clave observar cómo esta nueva estructura repercute sobre las redes comerciales, registros, licencias, investigación, disponibilidad tecnológica y lanzamiento de productos.
La relevancia aumenta por el peso de América Latina en la producción mundial de soja y maíz y por la creciente incorporación de genética avanzada, biotecnología y agricultura digital para aumentar productividad y resiliencia frente a la variabilidad climática. Vylor inicia esta nueva etapa con el objetivo declarado de «reimaginar la agricultura» y apunta a alcanzar ventas netas de entre US$11.200 millones y US$11.900 millones hacia 2029, según declaraciones de su CEO, Chuck Magro, difundidas por Reuters. Seguridad alimentaria y energética aparecen entre los grandes desafíos que la nueva compañía identifica para su estrategia.
Para productores y distribuidores latinoamericanos es importante diferenciar el litigio estadounidense de sus posibles consecuencias comerciales. La demanda no supone, por sí misma, cambios automáticos en la venta de semillas o productos para protección de cultivos en América Latina. Sin embargo, la nueva configuración empresarial deberá seguirse de cerca en mercados agrícolas relevantes de la región. Registros fitosanitarios, propiedad intelectual, licencias de genética, trazabilidad, canales de distribución y nuevas plataformas biotecnológicas serán variables a observar mientras Corteva y Vylor consolidan sus estrategias como compañías independientes.
El caso también expone una transformación que excede a estas empresas. Los pasivos ambientales, la trazabilidad y la sustentabilidad tienen cada vez mayor peso en las decisiones corporativas y financieras del agronegocio global. Las exigencias vinculadas con responsabilidad ambiental, huella de carbono y seguridad química se suman a factores tradicionales como precios FOB/CIF, logística de exportación, barreras no arancelarias y acceso a mercados. Para América Latina, uno de los grandes proveedores mundiales de commodities agrícolas, estos cambios pueden influir progresivamente sobre competitividad, financiamiento e inserción en las cadenas globales.
La disputa judicial recién comienza y serán los tribunales estadounidenses los que deberán determinar la validez de las acusaciones presentadas por los estados. Mientras tanto, Corteva y Vylor ya avanzan por caminos separados en dos segmentos centrales del negocio agrícola mundial. Para América Latina, la atención estará puesta menos en el expediente estadounidense que en sus eventuales derivaciones: cómo se reorganizarán las redes de distribución, qué ocurrirá con semillas y genética y qué tecnologías llegarán a los productores en esta nueva etapa del mercado global de insumos agrícolas.