El proyecto obtuvo dictamen de mayoría y quedó en condiciones de llegar al recinto. Castiga la intrusión y los daños contra la producción agropecuaria.
Las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de Diputados dieron este martes 6 de octubre dictamen de mayoría al proyecto que busca incorporar el vandalismo rural al Código Penal, una iniciativa impulsada por el diputado del PRO Martín Ardohain. La propuesta reunió 41 firmas entre 66 legisladores presentes y quedó en condiciones de avanzar hacia el recinto. El paso legislativo resulta especialmente relevante para el agro porque busca establecer penas específicas frente al ingreso ilegal a campos y la destrucción de cultivos, silobolsas, ganado, instalaciones y tecnología vinculada con la producción.
El eje central pasa por diferenciar estos episodios de otros delitos contra la propiedad y reconocer penalmente las particularidades de un establecimiento agropecuario. La iniciativa incorpora el artículo 150 bis, que prevé entre un mes y un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural contra la voluntad de quien pueda impedirle el acceso. La existencia de alambrados, vallas, muros, cerramientos o carteles será considerada una manifestación de esa voluntad. El proyecto exceptúa situaciones justificadas, como una emergencia, razones de auxilio o casos donde no pueda distinguirse claramente el límite con la vía pública.
Penas de hasta ocho años por atacar la producción agropecuaria
El capítulo de mayor impacto para productores y empresas rurales aparece en el artículo 184 bis. El proyecto establece penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado cuando se destruyan, inutilicen, hagan desaparecer o dañen elementos que afecten directamente el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura de una explotación agropecuaria. La protección alcanza, entre otros bienes, a cultivos, cereales todavía no cosechados, silobolsas, ganado y también a instalaciones tecnológicas destinadas al suministro de energía o a la extracción de agua.
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La discusión toca un problema particularmente sensible para el interior productivo: un ataque no solamente implica el valor del bien destruido. Romper un silobolsa, inutilizar un equipo de riego o afectar instalaciones de agua y energía puede interrumpir procesos productivos completos, provocar pérdidas adicionales y comprometer capital de trabajo. Ardohain sostuvo durante el debate que la legislación actual no brinda una respuesta adecuada a la realidad rural y señaló que el ingreso a determinados predios puede quedar reducido a una contravención. La propuesta intenta cubrir justamente ese vacío mediante figuras penales específicas para establecimientos agropecuarios.
El dictamen, sin embargo, no consiguió consenso pleno. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda anticiparon dos dictámenes de minoría. El diputado Ramiro Gutiérrez cuestionó que la propuesta pueda resolver eficazmente los problemas planteados, mientras que desde la izquierda también se expresaron objeciones al alcance de la protección penal propuesta. El dato agrega una dimensión importante de cara al próximo paso: haber conseguido mayoría en las comisiones habilita el avance parlamentario, pero no significa que la modificación del Código Penal ya sea ley. El texto deberá superar el debate y la votación correspondientes en el Congreso.
Seguridad rural: el debate que ahora se traslada al recinto
Para el agro, la discusión excede la sanción frente a un hecho puntual. La dispersión territorial de los establecimientos, las distancias respecto de centros urbanos y el valor creciente de maquinaria, sistemas de riego, conectividad y agricultura de precisión convierten a la seguridad rural en un componente de la competitividad. A medida que el campo incorpora más tecnología, también aumenta el costo potencial de un ataque contra su infraestructura. Por eso, el debate parlamentario tendrá como cuestión de fondo hasta dónde debe llegar la respuesta penal y cómo compatibilizarla con las garantías previstas por el propio Código Penal.
Con el dictamen de mayoría, el proyecto dio uno de sus pasos legislativos más importantes, aunque todavía resta el tratamiento parlamentario necesario para convertirse en ley. Para productores y empresas agropecuarias, el punto central será si el Congreso finalmente establece una figura penal específica capaz de distinguir un daño común de aquel que paraliza o compromete una producción. En una Argentina donde cada campaña moviliza inversiones millonarias en granos, ganadería, maquinaria y tecnología, la discusión sobre la protección de esos activos vuelve así al centro de la agenda legislativa.