Productores de Carlos Casares denunciaron falta de información sobre obras contra inundaciones y exigieron conocer el destino de los fondos provinciales.
Dos productores agropecuarios de Carlos Casares presentaron el 22 de octubre un amparo judicial contra el Ministerio de Infraestructura bonaerense, conducido por Gabriel Katopodis, ante la falta de respuesta a un pedido de información sobre obras hidráulicas y fondos destinados a prevenir inundaciones. La presentación, realizada en Trenque Lauquen, busca que la Provincia entregue documentación sobre los trabajos previstos en la cuenca del río Salado, una región donde los anegamientos afectan la producción agropecuaria, los caminos rurales y el acceso a los establecimientos.
El conflicto comenzó el 22 de julio, cuando los productores solicitaron información pública sobre las intervenciones proyectadas en la subregión A3 de la cuenca del Salado. Según consta en el amparo, el Ministerio no entregó documentación ni notificó una prórroga dentro del plazo legal, que venció el 3 de septiembre. Frente a esa situación, recurrieron a la Justicia para exigir una respuesta formal. Desde la cartera provincial aseguraron que responderán el pedido de informes a la brevedad, aunque los productores sostienen que la demora dificulta conocer las medidas de prevención previstas.
Documentación del reclamo: productores de Carlos Casares acudieron a la Justicia ante la falta de respuesta del Ministerio de Infraestructura bonaerense sobre las obras hidráulicas en la cuenca del río Salado, los fondos asignados y los trabajos pendientes. Imagen ilustrativa elaborada a partir de la documentación presentada.
Obras hidráulicas: qué información reclaman los productores
Uno de los principales cuestionamientos apunta al Plan de Gestión del Riesgo Climático, anunciado en agosto por el gobernador Axel Kicillof, con una inversión superior a $2,3 billones. Los productores quieren conocer si esos recursos corresponden a partidas ya presupuestadas o a nuevos fondos, además de identificar las obras financiadas, las empresas contratadas y los pagos realizados. También solicitaron estudios técnicos, expedientes y documentación que permita verificar el avance físico y financiero de los proyectos destinados a reducir el impacto de las inundaciones.
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El reclamo comprende intervenciones en el arroyo Saladillo, el canal Mones Cazón, los canales Vinculación y del Este, además de trabajos en Bragado y otros sectores de la cuenca. También exige precisiones sobre las obras ejecutadas desde enero de 2024 en Carlos Casares, especialmente en caminos rurales, alcantarillas, puentes y canales de desagüe. Para los establecimientos agropecuarios, el estado de esta infraestructura resulta determinante: los excesos hídricos pueden impedir el ingreso de maquinaria, complicar la salida de la producción y elevar los costos logísticos.
Los demandantes aclararon en su presentación que no buscan que la Justicia evalúe las decisiones técnicas del gobierno provincial, sino que garantice el acceso a información pública. En el escrito advirtieron que recibir los datos después de ejecutadas las partidas o atravesados los períodos de prevención reduce su utilidad. La preocupación cobra relevancia ante la posibilidad de nuevas lluvias y la necesidad de conocer qué medidas concretas existen para proteger los campos, los caminos rurales y la actividad productiva.
La resolución del planteo judicial podría marcar un precedente en materia de transparencia sobre la inversión hidráulica bonaerense. Mientras se espera la respuesta oficial, el caso vuelve a poner en discusión la planificación de las obras y el control de los recursos públicos. Para los productores de Carlos Casares, conocer los proyectos, sus responsables y los plazos de ejecución constituye una herramienta fundamental para anticipar riesgos y tomar decisiones en una región donde el agua sigue condicionando la producción.