La falta de acuerdo entre el Gobierno y el PRO demora la ley de biocombustibles. Las pymes reclaman cambios y las grandes aceiteras exigen avanzar.
La reforma de la ley de biocombustibles quedó frenada este miércoles 28 de octubre en la Cámara de Diputados, luego de que el oficialismo no consiguiera acordar con el PRO los cambios al proyecto aprobado por el Senado. La falta de apoyos impidió avanzar con el dictamen y profundizó las diferencias entre las grandes aceiteras y las pymes productoras de biodiésel. La discusión define cómo se repartirá un mercado estratégico para la agroindustria argentina, con impacto sobre las inversiones, el empleo regional y la demanda de aceite de soja.
El principal obstáculo político es la posición del bloque que conduce Cristian Ritondo, que reclama mayores garantías para las plantas de biodiésel no integradas a la industria aceitera. El proyecto, que obtuvo media sanción del Senado con 41 votos a favor y 25 en contra, establece un régimen de 15 años y propone elevar el corte obligatorio de biodiésel en gasoil del 7,5% al 10%, mientras que el bioetanol en las naftas pasaría del 12% al 15%. Los nuevos porcentajes comenzarían a regir doce meses después de sancionada la norma.
Biodiésel: las aceiteras quieren aprobar la ley y las pymes reclaman cambios
Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), su presidente, Luis Zubizarreta, defendió el texto del Senado y pidió evitar nuevas modificaciones. El dirigente sostuvo que la iniciativa es resultado de extensas negociaciones y contempla diez años de adaptación para las empresas no integradas. En la misma línea, Gustavo Idígoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), cuestionó la demora legislativa y recordó que el proyecto surgió de concesiones entre las industrias del biodiésel, el bioetanol y el Poder Ejecutivo.
La posición de las pymes es diferente. Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), advirtió que el esquema podría favorecer la concentración del negocio en las grandes aceiteras. La entidad propone elevar el corte obligatorio de biodiésel al 12% o 12,5%, para ampliar la demanda y preservar la participación de las plantas regionales. El planteo tiene especial relevancia para establecimientos bonaerenses, incluidos los ubicados en la zona de Bahía Blanca, que buscan mantener su lugar en el mercado.
En una posición intermedia, Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), reconoció que el proyecto no es perfecto, pero consideró que representa una mejora respecto de la propuesta original. La entidad aceptaría modificaciones que fortalezcan a las empresas no integradas, siempre que no comprometan la sanción de la ley. Su prioridad es garantizar condiciones previsibles para sostener la producción, las inversiones y el empleo industrial en Santa Fe, una de las provincias centrales del complejo agroexportador argentino.
Qué se juega el agro argentino con la nueva ley de biocombustibles
La discusión excede el reparto del mercado interno. Argentina es un actor relevante en la industrialización de soja, y una mayor demanda de biodiésel podría impulsar el procesamiento local y el agregado de valor. Sin embargo, el nuevo régimen también deberá resolver cómo incorporar competencia sin desplazar a las plantas de menor escala. En el sector del bioetanol preocupa que las diferencias por el biodiésel terminen bloqueando una reforma cuyo capítulo sobre alcohol combustible ya reúne mayores consensos entre los principales actores involucrados.
El próximo paso dependerá de las negociaciones entre el oficialismo, el PRO y los demás bloques de Diputados. Mientras las grandes aceiteras presionan para aprobar el texto sin modificaciones, las pymes buscan garantías para competir durante la transición. Para la cadena agroindustrial, el desafío será alcanzar una legislación que permita ampliar el uso de biocombustibles, estimular inversiones y sostener la actividad regional. La demora mantiene sin definición las nuevas reglas de un negocio que conecta directamente al campo con la política energética argentina.