A dos semanas del cierre de las sesiones ordinarias, el agro reclama avances en seguridad rural, biocombustibles, transporte e inversiones.

El Congreso de la Nación enfrenta una cuenta regresiva hasta el 30 de noviembre, cuando finalizará el período ordinario de sesiones, con cuatro proyectos estratégicos para el campo todavía pendientes. Según un relevamiento de la Fundación Barbechando, las iniciativas abarcan vandalismo rural, biocombustibles, transporte fluvial e incentivos a las inversiones. Su tratamiento cobra especial importancia ante la proximidad de 2027, un año electoral que podría modificar las prioridades legislativas.
Uno de los proyectos más sensibles es el de vandalismo rural, que ya obtuvo media sanción en Diputados y espera su tratamiento en el Senado. La iniciativa busca fortalecer las sanciones frente a ataques contra establecimientos, instalaciones y bienes productivos. Para el sector agropecuario, la seguridad rural representa una condición fundamental para sostener inversiones y garantizar la continuidad de las actividades.

Biocombustibles, transporte e inversiones: las reformas que busca el agro
En materia energética, la reforma de biocombustibles propone elevar el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15%. El proyecto, aprobado por el Senado y pendiente en Diputados, podría ampliar la demanda interna de materias primas agrícolas y generar nuevas oportunidades para las economías regionales.
Otro debate importante es el de cabotaje fluvial, cuya reforma busca permitir la participación de barcazas extranjeras en fletes nacionales y establecer beneficios impositivos para armadores locales. La iniciativa apunta a mejorar las condiciones del transporte, un componente decisivo para la competitividad de las exportaciones argentinas.
Por último, el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) contempla beneficios para proyectos desde US$ 12 millones, incluyendo amortización acelerada, devolución de IVA y estabilidad fiscal durante 30 años. También incorpora tratamientos específicos para determinadas inversiones agroindustriales.
El desafío del Congreso será alcanzar acuerdos antes del cierre legislativo. Para el campo, estas reformas trascienden los intereses sectoriales: involucran seguridad jurídica, energía, infraestructura y condiciones para competir. Si no avanzan en las próximas semanas, podrían quedar condicionadas por la agenda política de 2027.
