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El régimen de Trabajo Agrario, regulado por la Ley 26727, en su artículo 12 establece en materia de contratación, subcontratación y cesión que quienes contraten o subcontraten con terceros la realización de trabajos o servicios propios de actividades agrarias, o cedan, total o parcialmente, a terceros el establecimiento o explotación que se encontrare a su nombre, para la realización de dichas actividades, que hagan a su actividad principal o accesoria, deben exigir de aquellos el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y de las obligaciones derivadas de los sistemas de la seguridad social, siendo en todos los casos solidariamente responsables de las obligaciones emergentes de la relación laboral y de su extinción, cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto hayan concertado.

Así lo expresó en diálogo con LA NACION Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). Hasta el momento, la Argentina está habilitada para vender a China poroto de soja y aceite. Sin embargo, ese país tendría que aprobar las plantas que también podrían exportar harina de esta oleaginosa.

En poroto, las estimaciones van de que la Argentina, después de la sequía que hizo perder 20 millones de toneladas de soja, terminaría exportando en 2018 entre 2,5 y 3,5 millones de toneladas. Según cómo evolucione la guerra comercial EE.UU-China y la menor rentabilidad que, sostienen, tienen las fábricas tras la quita de un diferencial de 3% entre el grano y los subproductos, para 2019 las perspectivas son mayores.

Un grupo de gobernadores peronistas no se resigna a perder los recursos que recibían sus provincias por el llamado fondo sojero, que fue dado de baja por la Nación, y pretende que los senadores del PJ insistan ante el gobierno nacional para su restauración (fue eliminado por decreto) o que el Ejecutivo aumente la compensación ante la pérdida de ese recurso. A la par de este reclamo, los jefes de provincia analizaron los alcances del proyecto de ley para modificar el impuesto de bienes personales para que sean eximidos del gravamen las viviendas familiares.