Categoría: ACTUALIDAD

Las firmas Speed Agro y Apolo Biotech trabajarán en conjunto para desarrollar productos que tratarán un grupo de enfermedades en cultivos, a partir de la combinación de tecnología ARN y coadyuvantes.

Una de sus ventajas será la reducción del impacto ambiental, porque a partir del uso de sustancias inocuas para el medio ambiente, se podrá mejorar el rendimiento, la resistencia y la calidad de los cultivos.

En esta sociedad, Speed Agro aportará su know how en el segmento de coadyuvantes de formulación compuesta. Apolo Biotech, en tanto, sumará su desarrollo que utiliza ácido ribonucleico (ARN) para ayudar a las plantas a defenderse de patógenos y reducir la dependencia de los fitosanitarios.

“Esta tecnología ayuda a los productores a mejorar la eficiencia y rentabilidad de los cultivos, así como a ofrecer soluciones amigables con el ambiente y la salud humana”, señalaron desde las empresas.

En esta sociedad, Apolo Biotech brindará soluciones personalizadas, basadas en herramientas de ARN, mientras que SpeedAgro se encargará de la implementación y comercialización, asociada a productos específicos de coadyuvantes y aditivos.

LAS ENSEÑANZAS DEL COVID-19 

La firma Apolo Biotech capitalizó los avances en el uso de ARN -impulsados en la pandemia- para aplicar sus propios desarrollos al sistema agrícola. “Esto  permitirá a los productores ampliar sus mercados de exportación hacia destinos más exigentes”, señalaron.

Uno de sus principales éxitos fue el control del hongo Botrytis, una especie extendida a nivel global y que  provoca podredumbres en frutas y hortalizas, muchas veces en post cosecha.

“Se trata de una tecnología innovadora por ser altamente específica a la hora de atacar a un patógeno, sin alterar a los demás actores del agroecosistema, incluyendo al ser humano”, explicaron.

Un dato a tener en cuenta es que la tecnología de ARN no modifica genéticamente ningún cultivo y tampoco es un subproducto bacteriano para tratar sanitariamente a los cultivos. Se aplican de forma exógena y no provoca ningún cambio a nivel genético en la planta tratada.

La alianza colaborará estrechamente con agricultores, científicos y líderes de la industria. “SpeedAgro tiene toda su trayectoria en avanzar y desarrollar nuevos productos químicos específicos, con lo cual la intención futura será generar nuevas moléculas que se potencien con la aplicación de coadyuvantes y fitosanitarios que son parte de nuestro portfolio Speed Protection”, detalló Leonel Lequio, gerente de Marketing de la empresa.

Una fábrica de biofertilizantes oriunda de Canadá está a la búsqueda de un socio a nivel local para montar una planta productiva en Argentina.

La firma elabora un innovador producto: un fertilizante natural realizado a base de desechos de la producción agropecuaria. Concretamente, cáscaras de lentejas, avena y arroz.

La empresa se llama Lucent BioSciences, el producto Soileos, y por el potencial que tiene el desarrollo dentro del camino que se está buscando a nivel global hacia una agricultura más sustentable, la firma ya cuenta con un fuerte apoyo del gobierno canadiense, que ya lleva invertidos U$S 11,5 millones en la compañía.

“El biofertilizante con forma de pellets ha desarrollado tres micronutrientes independientes (Zinc, Fierro y Manganeso), mientras que el 2023 se implementará cobre y boro. A su vez, la empresa ha creado blend específicos para los cultivos de maíz, trigo y soja”, señalaron desde Lucent BioSciences en un comunicado enviado a Infocampo.

LA APUESTA POR ARGENTINA

La compañía norteamericana apuesta, en el corto plazo, a montar en Argentina una planta de producción del biofertilizante y convertirla en un centro de suministro tecnológico agrícola, con un mayor compromiso en innovación y cuidado de la tierra a través de una Economía Circular, y coadyuvar con el objetivo de asegurar a la población alimentos para los próximos años.

“Lucent BioSciences se creó para ayudar a revolucionar la agricultura y potenciar el trabajo de los agricultores en el proceso de adoptar prácticas sostenibles, y que al mismo tiempo mejoren la rentabilidad de sus propios cultivos”, señaló José Godoy Toku, fundador y vicepresidente de Lucent BioSciences.

“Además contribuye a la economía circular a través de un modelo de negocio que involucra la fabricación limpia de biofertilizantes, que convierte los coproductos ricos en celulosa de la agricultura y el procesamiento de alimentos en una fuente sostenible de nutrientes para los cultivos”, añadió.

En este plan de armar una fábrica nacional, la firma informó que se encuentra en una fase de encuentros y conversaciones con el sector privado, y señaló que una de las reuniones fue con la gigante Adecoagro, “con el fin de lograr un aliado estratégico en el país para mejorar la calidad de los cultivos, la tierra y el planeta”.

“La empresa estima tener importantes avances hacia el segundo semestre del año y con ello contar con una de las cuatro fábricas que la compañía planea en su plan de expansión por América”, subrayaron desde Lucent.

En Canadá, la planta de biofertilizantes de esta compañía es la más grande del país, con una producción diaria de entre 20 y 30 toneladas. La proyección es alcanzar más de 100 toneladas una vez que se pongan en marcha las cuatro fábricas que planea construir en la región, una de ellas en Argentina.

El arribo del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, al recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario, estuvo acompañado del reclamo que el presidente de la entidad y anfitrión le expresó al funcionario.

“Se planteó la inquietud sobre la falta de reglas claras y las intervenciones en el mercado, y se discutieron las consecuencias que esto tiene sobre la cadena. Las intervenciones generan distorsiones en el proceso de descubrimiento de precios, paralizan la comercialización y producen asimetrías en el interior de la cadena de producción y comercialización granaria”, indicaron desde BCR.

TRABAS DEL BANCO CENTRAL

Bahillo, acompañado del ministro de Producción provincial, Daniel Costamagna, también recibió un nuevo reclamo por la polémica comunicación A 7600 del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“Impide el acceso al crédito a tasa subsidiada por parte de los productores que tengan en stock más del 5% de la soja. Esta medida ha suscitado preocupación, ya que limita las opciones financieras de los productores y puede afectar negativamente su capacidad de inversión y crecimiento”, precisaron.

La reunión contó con la participación del jefe de gabinete de la Secretaría de Agricultura Nacional Juan Manuel Fernández, el subsecretario de Agricultura Delfo Buchaillot y el subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional Luis Contigiani.

Por parte de la BCR, estuvieron presentes el secretario Marcelo Quirici, el directivo Pablo Cechi, el presidente del centro de corredores Daniel Boglione, el vicepresidente de la Sociedad Gremial de Acopiadores Felix Redolfi, el director Ejecutivo, Javier Cervio y el director de Relaciones Institucionales, Andrés Williams, entre otros.

“Estas reuniones de diálogo son fundamentales para abordar las problemáticas y desafíos que enfrenta el sector y buscar estrategias que impulsen su desarrollo”, sumaron.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires publicó este miércoles su informe de cierre de campaña 2022/23 para la soja, en la que proyectó las fuertes pérdidas que tendrá la economía a raíz de la peor cosecha en 22 años, como consecuencia de la sequía y otros factores climáticos.

Si bien la reducción del área implantada no fue tan grave –100.000 hectáreas menos que el ciclo anterior–, un problema inicial fue que la falta de humedad dejó en el camino a 500.000 hectáreas, principalmente de soja de segunda.

Y en las hectáreas que siguieron en pie, el promedio de rinde fue paupérrimo: apenas 15,4 quintales por hectárea, una caída del 45% en relación al año anterior y al promedio de las últimas cinco campañas.

Así, la producción final fue de apenas 21 millones de toneladas, 27 millones por debajo del escenario inicial de 48 millones, 22,3 millones menos que en el ciclo previo y 53,1% por debajo de la media de los cinco períodos anteriores.

APORTE ECONÓMICO

Sumado esto a precios internacionales que se redujeron en relación a los que rigieron al momento de cosecha del año pasado, el aporte de la soja a la economía argentina se estima en solo U$S 7.345 millones.

Es un 67% o U$S 15.000 millones menos que los más de U$S 22.000 millones que generó, como producto bruto agregado, la oleaginosa en la campaña 2021/22.

En lo que es exportaciones, se estiman en U$S 12.542 millones, un 50% menos que en el ciclo anterior; lo que implicará una fuerte pérdida de recursos para el Estado, ya que solo le ingresarán U$S 4.350 millones en recaudación fiscal, un 57% por debajo de los más de U$S 10.000 millones de la temporada previa.

EL INFORME COMPLETO

Las grandes multinacionales del agronegocio ramifican su portfolio de productos y se enfocan en las energías renovables.

En el transcurso de 2023, jugadores de peso como Bunge y Corteva anunciaron un acuerdo con Chevron para la producción de camelina y canola, dos cultivos utilizados en la elaboración de biocombustibles.

Y eso generó que la semana pasada se anunciara la compra, por parte de Bunge y Chevrón, de una empresa argentina especializada en camelina.

OTRA ALIANZA GLOBAL

Ahora, otra gigante global de los agroalimentos, Louis Dreyfus Company (LDC), anunció su ingreso a este segmento del mercado, a partir de un acuerdo estratégico con Global Clean Energy Holdings, en donde apuntarán a promover la producción sustentable de camelina en  Argentina, Paraguay y Uruguay.

Cabe recordar que, en general, en nuestro país la camelina se utiliza como cultivo de cobertura. Al sembrarse en invierno, suma una alternativa para la rotación y además, su alto contenido de aceite lo perfila como un candidato a jugar fuerte en el agronegocio de los próximos años.

Esta oleaginosa tiene un ciclo de producción corto -unos 120 días- que le permite incorporarse a las rotaciones de cultivos existentes, mientras ayuda a preservar la salud del suelo previo a la siembra de cultivos de verano como maíz o soja.

EL ACUERDO

Bajo este acuerdo, las dos empresas  trabajarán exclusivamente en la originación y procesamiento de camelina en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Sobre la base de su producción existente en Norteamérica y Europa, Global Clean Energy gestionará el desarrollo del cultivo. De este modo, apuntara a mejorar las variedades de camelina en la región, suministrar semilla y brindar apoyo agronómico a los agricultores que participan en el programa.

Por su parte, LDC gestionará la originación y los contratos con los agricultores, para asegurar que toda la producción cuente con la certificación de sustentabilidad correspondiente.

Además, se encargarán de la logística posterior a la cosecha y el procesamiento en harina y aceite. La harina de camelina se utilizará en la producción de alimento para animales, mientras que el aceite se procesará en combustibles renovables que, en última instancia, reducirán las emisiones de carbono en los sectores del transporte y la aviación a nivel regional y global.

Los representantes de ambas empresas ya realizaron seis charlas técnicas con más de 200 productores agrícolas en Argentina, compartiendo las características clave del cultivo y conocimientos sobre su manejo, así como una oferta comercial para la cosecha 2023.

En los últimoms 15 años, Global Clean Energy Holdings trabajó en el desarrollo de la camelina en Estados Unidos y Europa. En Argentina, llevaron a cabo una serie de ensayos con 20 variedades de la oleaginosa en los dos últimos años, que permitieron identificar los mejores cultivares para comercializar en la región.

La Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) presentaron este miércoles ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) de la Capital Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la modificación de la tasa de interés establecida por el Acta 2764/22, vinculada a los juicios laborales

¿Qué piden las entidades? Que se reemplace por una nueva tasa que incorpore “parámetros de mayor razonabilidad”.

“Esta acta de la CNAT varió el criterio de actualización de los créditos laborales, resolviendo aplicar la capitalización anual sobre las tasas de interés establecidas en actas anteriores, generando de ese modo una nueva distorsión, esta vez muchísimo más grave, injusta e inequitativa, en perjuicio de los empleadores”, afirmaron desde las entidades.

Desde el sector privado analizaron que “lejos de aportar una solución en la materia, lo que produce es un mayor desempleo”.

“Difícilmente los empleadores, y especialmente las pequeñas y medianas empresas, se animen a emplear ante la posibilidad de que una eventualidad laboral tenga un costo muy superior al del negocio en sí mismo”, sintetizaron.

“UN RESULTADO EXORBITANTE”

Desde las tres entidades observan que en la actualidad se ocasiona una afectación de enorme relevancia para las empresas. La presentación dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti, cuenta con las firmas de los presidentes de las tres entidades: Nicolás Pino por SRA, Elbio Laucirica por Coninagro y Alfredo González (CAME).

“La aplicación del Acta 2764/22 genera un resultado tan exorbitante que, no sólo es desproporcionado, sino que importa una alteración en la legislación laboral, toda vez que las liquidaciones reflejan un excesivo aumento en los importes a pagar, colisionando los parámetros indemnizatorios fijados en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)”, especificaron.

Por eso señalaron que la tasa establecida por el acta implica que existan indemnizaciones “mayores al mes por año”.

“Ese cambio requeriría de una ley del Congreso de la Nación”, aclararon y sumaron que “esta vía indirecta de variar judicialmente la ley de fondo viola el art. 31 de la ley Suprema en tanto son sólo las leyes y la Constitución Nacional (CN) las que pueden regir la vida de los habitantes”.

También señalaron que el fallo viola el art. 75 inc. 12: “únicamente es atribución del Congreso de la Nación dictar el Código del Trabajo”. Y el art. 116 de la CN en tanto concierne a los tribunales el “conocimiento y decisión” de las causas a ellos sometidas, pero “nunca y en ningún caso la modificación de las leyes”.

En las entidades entienden que al cambiar la ley en forma indirecta se viola el derecho de propiedad. “Si el Poder Judicial continuara desnaturalizando la ley se trataría de confiscatoriedad o incluso de expropiación sin indemnización y es lo que está sucediendo con la tasa del Acta 2764/22, que, se reitera, termina estableciendo cifras que van desde 3 a 5 meses por año, cuando el art. 245 de la LCT establece que la indemnización por despido es de un mes por año”, precisaron.

“Como conclusión, SRA, CAME y CONINAGRO expresan que, conforme un parámetro de razonabilidad, la tasa más elevada del sistema financiero, es decir, la efectiva anual vencida o de libre destino, es el máximo que se puede aplicar, sin capitalización, justamente por ser la más elevada. Fuera de ello, cualquiera fuera el parámetro, en ningún caso la capitalización puede ser múltiple, porque ello no es acorde con el esquema legal vigente”, cerraron.

ESTUDIO ECONÓMICO DE RAZONABILIDAD

A través del Programa Biodesarrollar, la Secretaría de Agricultura desembolsará fondos por $ 250 millones para proyectos que apunten a la elaboración de bioproductos.

El plan fue anunciado en octubre del año pasado, oportunidad en la que se presentaron los primeros lineamientos del mismo, aunque no se definieron algunos aspectos clave, como el dinero que se destinaría al mismo y los plazos de adhesión.

Ahora, se determinó que el programa convocará hasta el 14 de agosto a iniciativas avanzadas de desarrollo de base biológica.

La idea es brindar asistencia técnica y financiamiento en las etapas finales de desarrollo de proyectos de biotecnología, bioenergía, bioinsumos y biomateriales.

SUBSIDIOS A LOS BIOPRODUCTOS

Con este fin, el programa BiodesarrollAr contempla un financiamiento de hasta $15 millones por proyecto, en modalidad de Aportes No Reintegrables (ANR) y de hasta $75 millones por empresa, mediante financiamiento del BICE con tasa bonificada.

Los ANR provienen del Fondo Nacional de Agroindustria (Fondagro) y buscará beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y entidades de investigación pública y de articulación mixta, que potencien el desarrollo de bioproductos.

LA BIOECONOMÍA, UNA ALTERNATIVA

Desde la cartera de Agricultura destacaron que la bioeconomía es reconocida como una alternativa para la generación de nuevas formas de producción, consumo y empleo para hacer frente a un doble desafío: el cambio climático y la continua necesidad de crecimiento con inclusión.

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, afirmó que la articulación entre el sector público y el privado promueve “nuevas formas de generación y aplicación de conocimiento que fortalezcan el desarrollo social, productivo y ambiental de las distintas comunidades en todo el territorio nacional”.

El representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Argentina, Fernando Camargo, aseguró: “la bioeconomía argentina es un referente a nivel regional, tal vez ha sido el primer país en desarrollarla en la esfera privada”.

Y agregó:  “Desde el IICA podemos hacer aportes para el desarrollo articulado entre lo público y lo privado, por eso hoy es el momento de desarrollar esta área y crear institucionalidad a través de programas que brinden apoyo”.

En los últimos años, en el sector agropecuario ha ido creciendo el debate sobre la agroecología, como una supuesta contraposición con la agricultura “tradicional”.

Sin embargo, hay varios aspectos que desde el inicio necesitan ser aclarados para poder avanzar en la discusión: ¿Qué incluye y qué no este concepto? ¿Por qué se plantea como el “norte necesario” a seguir? ¿En qué se diferencia de la agricultura o agronomía tradicional? ¿Es capaz de aplicarse a gran escala para responder a los desafíos actuales de demanda de alimentos?

Algunas de esas preguntas fueron respondidas por el doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos e investigador del Conicet, Octavio Caviglia, en una entrevista compartida por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), a modo de anticipo de lo que será su Congreso anual “C, elemento de vida”, que se realizará del 9 al 11 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario.

Octavio Caviglia, investigador de la Universidad Nacional de Entre Ríos y del CONICET.

UNA ENTREVISTA SOBRE AGROECOLOGÍA

– ¿Hay consenso sobre la definición de agroecología desde la academia?
– Es un término que adopta diferentes significados, según quien lo interprete, por lo que no hay consenso generalizado. Para algunos es un grupo de prácticas agronómicas o un movimiento social.  Para muchos de nosotros es un enfoque que busca incorporar conceptos ecológicos, con fuerte base científica, a la producción agropecuaria. Esta incorporación busca “deconstruir” a la agronomía tradicional simplificada que se impuso hace un par de décadas atrás.

– ¿Por qué crees que es hora de evolucionar o “deconstruirse” desde la agronomía a la Agroecología?
– Desde sus orígenes, la agronomía tuvo un fuerte aporte de la ecología, de la que se apartó al transicionar a sistemas de producción bastante simplificados y con poca reposición de los nutrientes extraídos por los granos. Los nuevos desafíos, requieren tomar un camino inverso para recuperar los servicios ecosistémicos que se perdieron, y de esta manera desacoplar aumentos de producción del impacto ambiental.  Esta evolución implica construir sistemas productivos resilientes y amigables con el ambiente, además de sostenibles en sus dimensiones económicas, productivas y sociales.

– ¿Qué hace falta, desde lo técnico,  para lograr esa “deconstrucción”?
– Actualmente, existen muchas tecnologías, que se proponen desde la academia, Aapresid y otras instituciones, que ayudan a producir con esta orientación. Por ejemplo, la agricultura “siempre verde”, “siempre diversa” y los “cultivos de servicios” son prácticas sustentadas en una fuerte base ecológica. Para esto, necesitamos del aporte de muchas disciplinas. Si tomamos el enfoque sistémico, el incremento de la perennidad, la agrobiodiversidad y la mejora en la eficiencia en el uso de recursos, como cuatro pilares básicos, podremos diseñar mejores sistemas productivos.

– ¿Es compatible el enfoque agroecológico con recursos como los organismos modificados genéticamente (OGM), fertilizantes o fitosanitarios de síntesis más tradicionales? ¿Y con las Agtechs?
– Trabajamos con sistemas abiertos, donde muchos elementos se extraen. El suministro de origen orgánico, limitado por cuestiones logísticas, no siempre es posible, pero esos elementos deben reponerse. El uso de fitosanitarios, OGM y las Agtechs, es totalmente compatible con el enfoque agroecológico, siempre y cuando se usen en el marco de los principios enunciados. De esta manera, se busca incrementar eficiencia, reducir externalidades o restaurar servicios ecosistémicos. Es importante mencionar que hay servicios de soporte del ecosistema que son justamente la base para proveer otros servicios de provisión, regulación y culturales, entre los cuales se encuentran el ciclado de nutrientes y del carbono.

– En el debate sobre agroecología, un preconcepto común es que el modelo agroecológico es incompatible con la posibilidad de mantener los niveles de producción actuales y responder a la creciente demanda de alimentos…
– Depende de qué se entienda por “modelo agroecológico”. Si pensamos en modelos de producción sin o con muy poco uso de insumos externos, es poco factible mantener los niveles productivos actuales. Ahora, si hablamos de modernos sistemas de producción basados en conceptos ecológicos, las evidencias científicas demuestran que hay muchas probabilidades de lograr esa premisa.

– ¿Qué falta desde el Estado, organismos de investigación y extensión y desde el sector privado para favorecer esta “deconstrucción”?
– Desde el Estado, generar las condiciones favorables para implementar estos sistemas. Un buen inicio puede ser generar incentivos, reducir cargas fiscales y actualizar normativas, como los contratos de alquiler. Desde los organismos de investigación y extensión, tanto públicos como privados, continuar desarrollando y ajustando las prácticas productivas, generando conciencia y formando a las nuevas generaciones de la sociedad en general.