Saladillo Campo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), incautó 314 toneladas de granos valuadas en $25,5 millones, durante controles en ruta en las provincias de Santa Fe y Corrientes.

Agentes del organismo fiscalizaron camiones que transportaban materias primas e interdictaron la totalidad de la carga de diez de ellos, al no contar con la documentación respaldatoria correspondiente. En los operativos participaron miembros de las fuerzas federales.

En las localidades santafesinas de Venado Tuerto y Arroyo Seco, los inspectores  llevaron adelante una serie de procedimientos sobre cinco camiones provenientes de Córdoba y que se dirigían a Buenos Aires y al puerto de San Lorenzo.

En los operativos, se constató que cuatro de los vehículos de carga no contaban con la carta de porte electrónica, el único documento válido para el traslado de ese tipo de mercadería, mientras que el quinto restante presentó una documentación apócrifa.

Como resultado de las irregularidades detectadas, el organismo incautó 70 toneladas de maíz a granel, 30 toneladas de soja, 30 toneladas de maíz en bolsa, 4 toneladas de poroto negro en bolsa y 30 toneladas de maíz partido, por un valor total de $10,5 millones.

En el operativo también participaron miembros de Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad. Los granos incautados fueron depositados en un acopio de la zona, a la espera de que se determine la titularidad de la mercadería o finalmente se liquide.

OPERATIVOS EN CORRIENTES

En tanto, en el acceso a la localidad correntina de Santo Tomé, se realizaron tareas de constatación de la validez del origen de los granos transportados y cotejo documental y registral sobre operadores de la cadena agrocomercial.

Al constatar que los remitentes carecían de capacidad operativa, económica y financiera para producir o comercializar la mercadería. o bien que el transporte no estaba amparado con carta de porte electrónica, los agentes de la AFIP secuestraron 150 toneladas de soja, equivalentes a la carga de cinco camiones, con un valor de mercado que ronda los $ 14,9 millones. Los granos fueron trasladados a un acopio de la localidad chaqueña de Barranqueras.

Este jueves en el Boletín Oficial se oficializó la decisión de parte de la Casa Rosada en avanzar en la construcción del Canal Magdalena, la obra que pretende impulsar el tránsito marítimo en la zona de Punta Indio y activar la actividad portuaria en la región.

A través de la resolución 226 el Ministerio de Transporte oficializó hoy el llamado a licitación para la ejecución de la obra de dragado. Se trata de una obra que conectaría el sistema marítimo con el sistema fluvial argentino.

La decisión será anunciada hoy en un acto que encabezarán en la localidad de Ensenada el Presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Por otro lado, se tratará de una foto de peso propio en el momento caliente que vive la interna política del Frente de Todos, de cara a las Elecciones de este año y el armado de listas.

CÓMO SERÁ LA CONSTRUCCIÓN

El texto presentado por el ministro de Transporte Diego Giuliano informa que será desde la progresiva del kilómetro 143, 074 del Canal Punta Indio hasta la isobata de 11 metros del Río de La Plata” y tendrá un valor de $40.421.572.953,08

El Presidente había planteado la importancia de este proyecto durante su discurso en la Asamblea Legislativa, el pasado 1 de marzo, cuando anunció la licitación y consideró que se trata de una obra de “trascendencia geopolítica”.

“Le brindará al sur de Buenos Aires la posibilidad de exportar de una manera más eficiente”, había señalado Alberto Fernández

Del mismo modo, Kicillof lo ubicó como uno de los principales objetivos en cuanto a la soberanía de los recursos, pero también por el desarrollo económico que implica para la provincia.

En la actualidad este cauce se encuentra ubicado al sur del Canal Punta Indio, y su nivel de profundidad actual impide que los buques lo utilicen como vía de acceso a los puertos del Río de la Plata, el Río Paraná y el Río Uruguay.

Por eso, ante esta situación, se genera que aquellos buques de bandera nacional que parten de un puerto fluvial argentino hacia otro del litoral marítimo argentino deben pasar por aguas de uso común, cuyo tráfico lo administra Uruguay.

En diálogo con Infocampo, la voz de Horacio Salaverri, presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), le puso palabras a lo que fue una reunión caliente entre productores en Chacabuco, provincia de Buenos Aires.

“Sobrevoló la idea de la rebelión fiscal, que es una cuestión que incluso se puede llegar a dar de hecho. Porque lo que sí habrá será una imposibilidad de pago”, planteó Salaverri.

A Chacabuco fueron más de 50 dirigentes de la confederación, que a su vez forma parte del armado nacional de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Los mismos representan a 36 zonas distintas entre el territorio pampeano y el bonaerense.

Los coletazos del tercer año de sequía están a la orden del día. Por eso, Salaverri planteó que tal incapacidad de pago se da de la mano de lo que consideró una “asfixia financiera” de parte del Gobierno.

“Existe una marcada, enorme desesperanza y mucha bronca e indignación que se reflejó en muchos de los oradores, quienes en varias oportunidades reclamaron por una “rebelión fiscal””, precisó el dirigente.

Salaverri, titular de Carbap

EL DIÁLOGO, SUJETO A RESULTADO

Los dirigentes de Carbap resolvieron “volver a ratificar la inconveniencia de mantener el diálogo con el gobierno nacional mientras no haya respuestas concretas a los reclamos solicitados por la Mesa de Enlace”.

“Se le solicitó a las rurales mantenerse en alerta sobre la situación de desmejoramiento de la situación económica de los productores y del país en su conjunto, por las posibles acciones que habría que desarrollar si esto sucediera”, precisaron.

En esa línea surgieron propuestas varias. Todas en el mismo sentido: hacer oír la “desatendida situación que viven los productores afectados por las políticas del gobierno”, según definieron.

Entre ellas está la de “no comprar y vender bienes por un periodo de tiempo determinado”.

“Existe una profunda preocupación por la falta de conocimiento sobre el funcionamiento de la producción por parte de funcionarios y la política en su conjunto”, alertaron.

“También se vio la necesidad de hablar con los candidatos, para analizar sus propuestas”, contó Salaverri a Infocampo. En ese marco otra de las mociones fue acercarse hasta el Congreso para hacer llevar los reclamos del sector.

La inflación y la brecha cambiaria también formaron parte del debate entre los productores, que volverán a verse las caras el próximo jueves 27 de abril. Ese día habrá reunión de Consejo Directivo y se definirán acciones gremiales concretas.

DARDOS HACIA LA AFIP

Meses atrás el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, había manifestado su compromiso para con el sector primario. “La AFIP está a disposición de los productores”, dijo durante una entrevista con Radio La Red.

Sin embargo los productores, ayer martes en Chacabuco, cargaron contra el organismo que dirige.

Carbap entiende que anida allí la demora en la reglamentación de los decretos de emergencias agropecuarias y otros anuncios para el agro que se comunicaron desde el Ministerio de Economía.

“Necesitamos que la AFIP reglamente rápidamente el decreto que sacó Massa porque no se puede ejecutar hasta que ello suceda”, expuso Salaverri acerca de los últimos anuncios en materia impositiva y alivio fiscal.

Tras un primer trimestre del año con números productivos y comerciales que no despegan, la actividad lechera enfrenta un escenario complejo a nivel local y en mercados externos.

De acuerdo a un relevamiento efectuado por el  CREA, las adversidades climáticas del pasado verano tendrán un impacto productivo durante los próximos meses. En el primer trimestre del año, la producción de leche a nivel nacional fue de 2.581 millones de litros, un retroceso de 0,2% en comparación al mismo período del año pasado.

En este contexto -y por primera vez en seis años- las expectativas de los productores para el período marzo-julio son negativas y esperan que la productividad de los tambos caiga un 0,5%. Al proyectar el 2023, la entidad calculó un retroceso de casi 5% en el volumen producido a nivel nacional.

Las expectativas varían de acuerdo al tipo de establecimiento. Por un lado, las empresas con sistemas más pastoriles anticiparon un recorte, por variaciones en las dietas y venta de animales. En este segmento, se verifica el impacto del clima y esperan una caída de 5% en el volumen de producción.

En tanto, las empresas con sistemas de encierre esperan que el confort animal mejore su productividad en un 3% y además planean crecer en rodeo.

LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

Entre enero y marzo, el precio recibido por los productores presentó -salvo excepciones puntuales- un retraso frente a la inflación. Si bien hubo un ajuste en la cotización de la leche fluida en octubre del año pasado, no logró acompañar la suba de todos los precios de la economía. .

“Lo contrario ocurre con el queso cremoso, que cambia su tendencia y acompaña a la inflación”, explicaron desde CREA. En paralelo, otros lácteos aún no logran recomponer parcialmente sus valores .

Este retraso en el precios de los productos lácteos desde diciembre apuntalan las ventas al público en los comercios, según consideraron en el informe. En en último mes del año pasado crecieron un 3% interanual y en enero un 6,7%.

EXPORTACIONES

A nivel internacional, persiste desde marzo del año pasado una tendencia a la baja en el valor de la leche en polvo. Durante 2023, este producto cotiza en U$S 3.200 la tonelada,  pero las posiciones futuras de los próximos 4 meses se negocian con valores cercanos a U$S 3.000.

Durante todo el año pasado, se registraron algunos cambios en los destinos de las exportaciones argentinas. En el caso de Rusia, hubo una abrupta caída a partir del conflicto bélico, que se mantiene hasta nuestros días.

Por el lado de Argelia, mantuvo su condición de destino estrella de Argentina hasta mayo 2022,  momento en que Brasil incrementó las compras dada la reducción del impuesto a la importación de lácteos, que estará vigente hasta diciembre de 2023.

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) anunció que inscribirá de oficio en sus registros a aquellos trabajadores y empleadores que estén registrados en el Sistema de Seguridad Social, a través de sus declaraciones en AFIP y estén vinculados a la actividad rural.

La medida se oficializó a través de la Resolución 639/2023, publicada el pasado 5 de abril en el Boletín Oficial. Entre algunas de las argumentaciones, señalaron que existen sectores de la ruralidad sin registrarse, situación que deja a muchas familias que pertenecen a ese ámbito sin beneficios y sin cobertura de la prestaciones por desempleo y fallecimiento.

ResoluciÓn Renatre by Andres Lobato

SIMPLIFICAR EL REGISTRO 

Con esta decisión, el organismo señaló que busca simplificar la registración y regularizar la situación en el sector. El presidente de la entidad, José Voytenco, analizó el alcance de esta medida. “La informalidad excluye a las y los trabajadores de sus derechos lo que imposibilita el acceso a los beneficios de la seguridad social”.

En este punto, el directivo consideró que “continuaremos trabajando con todos los recursos necesarios, como las fiscalizaciones y la implementación de la inscripción de oficio que permiten así un incremento de la registración”.

Adrián Luna Vázquez, director y tesorero del Renatre, señaló que si bien en los más de 20 años de existencia inscribieron a una gran cantidad de trabajadores y empleadores rurales, aún existe un alto porcentaje sin registrar. “Decidimos avanzar con esta decisión que permitirá hacer más eficiente la registración de las y los trabajadores”, afirmó.

Cuando iniciaba el mes de noviembre de 2022 la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación tomó una decisión excepcional para el mercado del trigo: prorrogó el permiso para que los exportadores pudieran diferir durante un año los embarques del cereal, sin afrontar multas.

En aquella oportunidad su puesta en funcionamiento había generado discrepancias puertas adentro de la Mesa de Enlace.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) salió a criticar la decisión, mientras que Confederación Intercooperativa Agropecuaria Argentina (Coninagro) le dio el visto bueno a la prórroga que estiraba los tiempos por 360 días para los embarques comprendidos entre el 1 de diciembre de 2022 y el 28 de febrero de 2023.

Y ahora, con los efectos de la sequía aún a cuestas, el Gobierno volvió a tomar la misma medida y publicó este miércoles en el Boletín Oficial una nueva resolución que faculta a los agroexportadores para hacer lo mismo con los embarques que tengan fecha desde el 1 de diciembre de 2022 y el 31 de julio de este año.

LAS RAZONES DE LA DECISIÓN

“En el Informe Técnico producido por el área interviniente de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios se han brindado las razones por las cuales se justifica la medida propiciada, con el fin de prevenir y evitar el desabastecimiento en el mercado interno”, expone la resolución 140 de este miércoles, que lleva la firma del secretario de Agricultura Juan José Bahillo.

Además, la resolución faculta a la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios a otorgar también una “prórroga excepcional” de hasta seis meses “para aquellas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de trigo pan que no sean alcanzadas por el presente artículo”.

UNA DECISIÓN QUE HABÍA MARCADO DIFERENCIAS

“Vamos a estar alertas ante las conductas abusivas de la industria molinera y exportadora”, habían sido las palabras de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, cuando se había dado la primera prórroga.

Con su mirada puesta en el precio que recibía el productor por aquel entonces, el dirigente también había sostenido que “el Estado debería garantizar a los productores la misma posibilidad que le está dando a los exportadores”.

“Puede derivar en una demanda cartelizada del mercado”, puntualizó Pino por esos días.

Desde otra de las entidades que componen a la Mesa de Enlace sin embargo habían matizado esos dichos. Desde Coninagro le habían señalado a Infocampo que dicha medida era “oportuna” y que iba “en sintonía con lo que venimos gestionando con los distintos actores en base a los reclamos e inquietudes que nos trasladan los productores”.

“Permitirá que estos embarques puedan hacerse con lo producido en la próxima campaña, y de esta manera no generar complicaciones en los mercados. Esto supone un alivio para los productores y para el sector exportador”, había sido la mirada de los cooperativistas.

Un equipo de investigación compuesto por el INTA, la Secretaría de Agricultura, Aapresid y CREA  presentaron un mapa actualizado sobre la reserva de carbono orgánico que poseen los suelos argentinos en los primeros 30 centímetros de profundidad. El mapa se encuentra disponible en una plataforma online, de acceso libre y es gratuito.

A partir del trabajo, se pudo estimar que los suelos argentinos almacenan 13.300 millones de toneladas de carbono orgánico en los primeros 30 centímetros de profundidad.

“Esto representa aproximadamente el 2 % de la reserva mundial de carbono orgánico estimada por la FAO”, confirmó Juan Gaitán, de INTA. A nivel global, existe un interés creciente por estimar y mapear las reservas de carbono orgánico disponibles en el suelo.

COMO SE ARTICULÓ EL PROYECTO

Un equipo de investigadores recopiló información de alrededor de 5.400 muestras de suelo, hasta una profundidad de 30 centímetros. Las mismas fueron recolectadas en todo el país y procesadas por diferentes proyectos de investigación, entre 2015 y 2022.

Para la elaboración del mapa, utilizaron técnicas de cartografía digital de suelos para estudiar la relación entre los datos medidos en 5.400 sitios y 40 variables climáticas, topográficas, edáficas y de la vegetación. De este modo, se generó un modelo de predicción, que permite estimar la reserva de carbono en los lugares no medidos y obtener un mapa de escala nacional.

De las 16 ecorregiones del país, la Estepa Patagónica, la Pampa y el Chaco Seco son las que contienen las mayores reservas. En total, estas tres ecorregiones representan aproximadamente el 55% del total nacional.

Mientras que los campos y malezales, Esteros del Iberá e Islas del Atlántico Sur son las ecorregiones con menor disponibilidad, con 1,1 % del total.

Por unidad de superficie, la ecorregión Bosque Patagónicos es la de mayor contenido con 130 toneladas por hectárea; mientras que el monte de Llanuras y mesetas es la de menor contenido con 32,5 toneladas por hectárea.

“De acuerdo con los principales tipos de suelo, el almacenamiento por unidad de superficie fue mayor en los suelos de Orden Histosoles, con 108 toneladas por hectárea. Mientras que los suelos Entisoles y Aridisoles son los que almacenan menos COS con 38 y 41 toneladas por hectárea, respectivamente”, detalló Gaitán.

UN TRABAJO EN EQUIPO

“La coordinación interinstitucional fue clave para lograr este trabajo”, señaló Agustín Perez Andrich, director nacional de Agricultura en la cartera agropecuaria nacional. El funcionario destacó que la labor de muestreo de suelos realizada por los delegados de las diferentes provincias, quienes contribuyeron a la elaboración del mapa de almacenamiento de carbono.

“La implementación de buenas prácticas de manejo de los cultivos extensivos en los suelos pampeanos puede maximizar la capacidad de estos suelos para secuestrar carbono, lo que representa una estrategia importante para su conservación, como así también de mitigación del cambio climático”, agregó.

Carolina Sasal, coordinadora del Programa Nacional de Recursos Naturales del INTA, puntualizó que resulta fundamental sostener redes de sitios de monitoreo permanentes y a largo plazo que permitan la actualización periódica del mapa.

“Los muestreos y análisis de suelos que dan origen a este mapa surgen del esfuerzo conjunto entre instituciones del ámbito público y privado, fortaleciendo vínculos y abriendo paso a nuevas líneas de investigación y desarrollo para Argentina y con relevancia a nivel global”, concluyó.

El incremento en la productividad agrícola de las últimas décadas no estuvo acompañado por un aumento en la sustentabilidad, de acuerdo a un trabajo efectuado por la Red de Estudio de Sistemas (redes)

En un relevamiento que se llevó a cabo entre 2020 y 2022, recibieron 170 respuestas desde todo el país. El 70% se originó en Buenos Aires y Córdoba, y el resto en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, La Pampa, Chaco y Santiago del Estero.

En promedio, el nivel de sustentabilidad fue de 6 sobre 10, a partir de evaluar las dimensiones productivas, sociales y la global, una combinación entre las dos primeras.  El estudio diagnosticó la sustentabilidad de productores, mediante una encuesta de prácticas aplicadas.

El estudio determinó que los mejores resultados provinieron de Buenos Aires y Córdoba. Entre otros aspectos, la información permitió visualizar que muchos productores rotan cultivos y pocos controlan el trabajo de los contratistas.

PRODUCTIVIDAD VERSUS SUSTENTABILIDAD

“En las últimas décadas, la agricultura argentina se intensificó de la mano de variedades modificadas genéticamente para resistir plagas y herbicidas, entre otras variables. Si bien permitieron expandir la frontera agropecuaria e incrementar la productividad, también acarrearon diversos síntomas de deterioro ambiental como la degradación de suelos y la reducción de la biodiversidad”, explicó Karen Kazlauskas, ingeniera agrónoma de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) e integrante del equipo técnico de Redes.

A partir de 57 preguntas, evaluaron cuán sustentables son las prácticas que usan los establecimientos agrícolas de la Argentina y sumaron puntos aquellas que, por ejemplo, aportan a incorporar procesos biológicos y ecológicos, como la regeneración de suelos y la fijación de nitrógeno.

Entre otros puntos, indagaron por la rotación de cultivos, el tipo de fitosanitarios que usan y si monitorean el estado del suelo. Además, recabaron información sobre la ubicación, la superficie y otras características de los establecimientos agropecuarios.

Por un lado, hay un grupo grande productores que rota cultivos, los fertilizan e inoculan, rota fitosanitarios y ya no usa los de banda roja —los más tóxicos—, y cuentan con una dirección técnica-profesional de los campos.

Las encuestas se llevaron a cabo en nueve provincias

En la vereda opuesta, hay pocos establecimientos que eligen pasturas para sus rotaciones, que controlan las decisiones productivas cuando las toma un contratista y que cuentan con un programa de actividades recreativas con sus empleados. Respecto a este último ítem, Kazlauskas aclaró que la dimensión social tuvo un desempeño algo menor al promedio.

En paralelo, los profesionales de Redes -un espacio compuesto por la Fauba, INTA, Aapresid y Aacrea-  están desarrollando una plataforma, para que los propios productores puedan evaluar el nivel de sustentabilidad de sus prácticas y ajustarlas cuando sea necesario.