Para el Gobierno, el universo de molinos de trigo creció en forma «descontrolada» hasta en el año 2015, con más de 180 plantas, llegando a una evasión estimada de 10.000 millones de pesos anuales. A partir del cambio de Gobierno y como consecuencia de los controles, los requerimientos y fiscalizaciones, en el año 2016 fueron 490; en el año 2017, 404; en el año 2018, 218.
En tanto, en los seis primeros meses de 2019, fueron 80 los resultados de estas inspecciones que derivaron en 50 suspensiones de matrículas, la interdicción de 937.496 toneladas de trigo y 1.735 toneladas de harina.Sumado a la clausura o bajas de 29 plantas que funcionaban en forma irregular y cuya única rentabilidad provenía de evadir no solo impuestos, sino regulaciones comerciales y de inocuidad alimentaria.