Se trata de Curarú, un gran depósito natural de agua dulce de 600 hectáreas ubicada en las cercanías de la localidad homónima, en el partido bonaerense de Carlos Tejedor, que hoy luce sin agua, brindando un triste espectáculo que interpela y asusta.
Hace 2 meses ese gran depósito natural de agua dulce de 600 hectáreas se terminó de secar y se esfumó, como pasó con otras tantas lagunas que, 3 años de sequía mediante, corrieron la misma suerte.
De las 391.074 hectáreas que tiene el partido de Carlos Tejedor, hay unas 100.000 hectáreas que son (o eran) lagunas permanentes. “La laguna está toda seca, como todo el campo. Vuela el salitre, con decirte que, el día que el viento va para las casas, no se puede andar por afuera”, explican los productores de la zona.
Napas. Las consecuencias de la sequía son aún más penosas. Las regiones productivas del país sufren uno de los momentos más angustiantes de su historia. Porque, además, los escasos milímetros caídos, las altas temperaturas y los vientos el verano pasado generaron una feroz bajante de napas freáticas.
En Carlos Tejedor, en la estancia El Guanaco, vecina a la localidad de Drysdale, en enero 2022, la napa estaba 96 centímetros de profundidad. Un año después, en diciembre de 2022 pasó a 229 cm, con el perfil totalmente seco, sin poder defenderse los cultivos de gruesa, por la falta de lluvias.
Dante Garciandía, vicepresidente de la Asociación Rural de Carlos Tejedor, le dijo al diario La Nación: “En estos momentos, la marca es de 333 centímetros de profundidad, sin posibilidad de darle uso, lo que lleva a un grave problema para las pasturas, los verdeos y para el posible cultivo de fina (trigo/cebada) con deseo de sembrarse”, explicó.
Agua peligrosa. El productor agregó que este grave combo se centra luego en la calidad del agua para consumo animal, que eleva sus contenidos de sales y la hacienda no la quiere tomar, y si la toman le produce muerte a muchos animales.
Y relato una situación dramática: “Es tan grave el problema que muchos productores están comprando agua para llenar sus tanques. Algunos la mezclan con la poca, mala y salitrosa agua que saca su molino; otros directamente no tienen más agua. Hay un hombre de Tejedor que tiene un camión con una cisterna de 25.000 litros y hace viajes a los diferentes campos dos veces al día. Saca agua del pueblo y reparte por pedidos. Pero es un costo extra que los pequeños y medianos productores no pueden soportar; sale $70.000 por viaje. Es mucha plata”, señaló.
Por los mismos motivos derivados de la sequía, no hay pasto para dar de comer a la hacienda: no hay reservas, no hay silo, no hay picado de maíz ni de sorgo por la mala cosecha y, los rollos están muy caros como para tener libre disponibilidad.
Mal vender. “Se vienen meses de heladas. Por eso los productores chicos, que no tienen espalda para comprar alimento balanceado (por la falta de financiación) para hacer frente a lo que viene, se anticiparon para no seguir agonizando y vendieron mucha hacienda en estos últimos tiempos que, por cierto, al estar en mal estado, no le pagan nada”, subrayó Garciandía.
La situación es muy complicada ahora y será peor en los próximos cuatro meses. El productor está muy desanimado y eso se derrama en cada uno de los habitantes de los pueblos. “Esto viene para largo. A los pueblos que viven del campo los parte al medio. Salís a la calle un día normal de la semana y parece un día feriado: no anda nadie. Lo está sufriendo el gomero, el comerciante, el que despacha combustible en la estación de servicio. Es una cadena, donde cuanto más chico es el pueblo, más se nota. Hay días que asusta ver esa realidad”, admitió.
Finalmente, Garciandía apuntó contra la clase política. “El Estado tiene al que produce como una fuente de recaudación y es solo socio en las buenas. El campo no se siente apoyado por la clase dirigente que solo se acuerda tres meses antes de las elecciones. Ahora todos son camperos y salen a hablar de los problemas del sector, de que van a bajar las retenciones cuando asuman. Es lamentable lo que está haciendo la política con el campo”, se quejó.
Otro reclamo de peso partió desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), que consideró a esta política como “un ataque directo a la producción agropecuaria y un grave antecedente para todo el país productivo”.
“Productores misioneros, no están solos”, dijo por su parte la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, que criticó “medidas tomadas de forma arbitraria, sin considerar los aspectos científicos, y basadas en una posición radical y extrema del ambiente”.
En similar sentido, la Federación de Sociedades Rurales del Chubut cuestionó los “fundamentalismos” que abundan en este tipo de decisiones, “donde no se tiene en cuenta la información científica a la hora de tomar medidas”.
También desde la Patagonia, la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) recordó que el “uso de glifosato ha sido una herramienta ampliamente utilizada en la agricultura durante muchos años, que ha contribuido al aumento de la productividad y la eficiencia de los cultivos”.
Los comunicados de otras federaciones, como las de Jujuy o Entre Ríos, se reproducen a continuación:
El contexto internacional refuerza la relación favorable entre insumos y productos y en el caso del mercado local, la cotización de la urea registró un retroceso de U$S 65 por tonelada.
El cierre de los datos de 2022 permite visualizar un quiebre en la tendencia creciente en el consumo de fertilizantes. El último número de la entidad se ubicó en 5 millones de toneladas, una caída interanual del 12%.
