La desaparición de Facundo Astudillo Castro, el caso de Pablo Musse a quien no dejaron ingresar a Córdoba para despedir a su hija con cáncer, la retención de Abigail y su familia en un control policial al regresar a Santiago del Estero, configuran una lista incompleta pero reveladora de la violencia institucional y los excesos de las fuerzas de seguridad durante la pandemia.
A las responsabilidades individuales de los funcionarios y efectivos que por acción u omisión lesionaron los derechos constitucionales de los ciudadanos, se suma la incapacidad manifiesta de la Nación y algunas provincias para acompañar la implementación de las restricciones con instancias de formación para quienes deben aplicarlas.
No debemos pasar por alto los argumentos de los funcionarios formoseños para defender lo indefendible: hablan de resultados notables en la lucha contra el coronavirus, de la eficacia de las medidas y de la puesta en marcha de las recomendaciones de los expertos. Esto es, lisa y llanamente, la glorificación de la ignorancia y el desgobierno. No hay ingenuidad en la confusión de eficacia con maltrato. El control tenaz de buena parte de los medios provinciales por parte del oficialismo no hace más que contribuir a la desinformación generalizada.
Acotar el análisis a las declaraciones del senador Mayans (“el derecho vos lo tenés, pero no en pandemia”) es un error. Esas palabras justifican un modelo abusivo que le resulta muy cómodo al tándem Cristina-Alberto y que el PJ defendió explícitamente en un comunicado con argumentos propios de una obra de ficción. Que no quede ninguna duda: siempre hay derechos y garantías en una democracia. Especialmente cuando la salud de la gente está en peligro. Lo que no hay en pandemia son secretos. Más temprano que tarde los autoritarios de manual se muestran tal cual son. El Gobierno Nacional tiene la obligación de tomar cartas en el asunto para restaurar la vigencia de las leyes en Formosa y permitir que la Justicia trabaje sin presiones. El silencio cómplice que demostraron hasta ahora coloca a los formoseños en una posición todavía más vulnerable.
Alejandra Lorden. Vicepresidente UCR Nacional y Diputada Provincial