La eliminación de una norma cuestionada por el sector semillero mejora la protección de desarrollos biotecnológicos y busca atraer nuevas inversiones al agro argentino.
La decisión del Gobierno nacional de derogar una normativa que restringía la patentabilidad de determinados desarrollos biotecnológicos fue recibida con entusiasmo por empresas, entidades del sector semillero y representantes de la innovación agropecuaria. La medida, oficializada a través del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), busca fortalecer la protección de la propiedad intelectual y generar un marco más favorable para las inversiones en investigación y desarrollo en Argentina.
Desde la industria consideran que el cambio representa un paso importante para mejorar la competitividad del país en un área estratégica para el futuro de la producción agropecuaria. En particular, sostienen que una mayor previsibilidad regulatoria puede acelerar la llegada de nuevas tecnologías destinadas a mejorar rendimientos, tolerancia a estrés ambiental y eficiencia productiva.
Una señal para atraer innovación y nuevas inversiones
La resolución derogada estaba vigente desde 2015 y había sido cuestionada durante años por empresas vinculadas al desarrollo biotecnológico. Según la visión del sector, la norma incorporaba criterios restrictivos que dificultaban la protección de innovaciones científicas relacionadas con procesos y eventos biotecnológicos.
La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) destacó que la medida permite recuperar el espíritu original de la legislación sobre patentes y acercar al país a los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual.
Para la entidad, la innovación requiere reglas claras que otorguen seguridad a quienes destinan recursos a investigación de largo plazo. El desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas demanda años de trabajo y elevadas inversiones, por lo que la protección legal de esos avances es considerada un factor central para fomentar nuevos proyectos.
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Desde el sector remarcan que la falta de mecanismos adecuados para resguardar la propiedad intelectual puede desalentar el lanzamiento de tecnologías de última generación y reducir el atractivo de Argentina como destino de inversiones en genética y biotecnología.
El impacto esperado para el agro argentino
Uno de los puntos que las entidades empresarias buscaron aclarar es que la medida no habilita el patentamiento de plantas o variedades vegetales, algo que continúa regulado por la legislación vigente. El cambio apunta específicamente a desarrollos biotecnológicos, procesos de innovación y avances científicos aplicados a la producción agropecuaria.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) también respaldó la decisión y consideró que contribuirá a mejorar las condiciones para la investigación y el desarrollo tecnológico en el país.
Según la entidad, durante más de una década Argentina operó bajo un esquema regulatorio que limitó el acceso a herramientas disponibles en otros mercados agrícolas líderes. Como consecuencia, se redujeron las posibilidades de incorporar innovaciones capaces de aumentar la productividad, la sustentabilidad y la competitividad internacional del sector.
La agroindustria argentina representa uno de los principales motores de generación de divisas del país y enfrenta el desafío permanente de incrementar su eficiencia para sostener su presencia en los mercados globales. En ese escenario, la incorporación de nuevas tecnologías aparece como un factor determinante para mejorar rendimientos, optimizar recursos y responder a las crecientes exigencias productivas y ambientales.
Las entidades que impulsaron el cambio consideran que la derogación de la norma abre una nueva etapa para el ecosistema de innovación agrícola argentino. Además, sostienen que avanzar en una mayor armonización con los estándares internacionales podría facilitar la llegada de nuevas inversiones y acelerar la disponibilidad local de tecnologías que hoy se desarrollan en los principales polos biotecnológicos del mundo.
Para la cadena agroindustrial, la expectativa es que este nuevo marco regulatorio contribuya a fortalecer la investigación, ampliar las oportunidades de desarrollo tecnológico y consolidar a Argentina como un actor relevante en la generación de innovación aplicada al campo