En Pehuajó, Zurro prohibió circular por caminos rurales tras las lluvias. El campo paga tasas viales y ahora enfrenta restricciones para trabajar.
El intendente kirchnerista de Pehuajó, Pablo Zurro, prohibió circular por los caminos rurales durante el lunes 26 y martes 27 de octubre de 2026 debido a las lluvias, una decisión que afecta el movimiento de la producción agropecuaria y reabre la discusión sobre el mantenimiento de la infraestructura vial. El jefe comunal autorizó excepcionalmente a los tamberos a retirar la leche, pero les lanzó una advertencia: «No me rompan los caminos rurales, que cuesta mucho reconstruirlos». Mientras tanto, surge una pregunta incómoda: ¿qué reciben los productores a cambio de las tasas viales que pagan?
El propio Zurro explicó públicamente que la prohibición busca evitar que los vehículos deterioren los caminos después de las precipitaciones. Sin embargo, la medida deja expuesta una contradicción: los productores necesitan circular para trabajar, pero las autoridades municipales pueden restringir el acceso a los caminos que sostienen la actividad económica del distrito. El intendente incluso aseguró que puso en alerta a la Policía para controlar el cumplimiento de la disposición. La decisión vuelve a instalar un debate que atraviesa al interior bonaerense: ¿alcanza con cerrar los caminos cuando llueve o hace falta una política de mantenimiento que garantice mejores condiciones de circulación?
La frase de Zurro dirigida a los tamberos concentra buena parte de la polémica. La actividad lechera no puede detenerse hasta que mejore el tiempo: los animales deben ordeñarse y la leche necesita retirarse regularmente de los establecimientos. El municipio reconoció esa necesidad y permitió la circulación de los transportes vinculados con la actividad. No obstante, acompañó la excepción con una advertencia sobre los posibles daños a los caminos. La situación plantea un interrogante concreto: ¿cómo debe actuar un productor que necesita sacar su mercadería cuando el único acceso disponible está comprometido por las lluvias?
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La decisión municipal vuelve a poner sobre la mesa el destino de los recursos públicos. Los productores agropecuarios de numerosos distritos bonaerenses pagan tasas destinadas a la conservación, reparación y mejorado de los caminos rurales. Esos recursos deberían traducirse en tareas de mantenimiento, obras de drenaje y mejoras que permitan sostener la transitabilidad. Sin embargo, las dificultades de acceso continúan siendo motivo de reclamos en distintas localidades. En Pehuajó, conocer cuánto recauda el municipio, cuánto invierte y qué trabajos ejecuta permitiría evaluar con mayor precisión los resultados de su política vial.
El campo paga, los caminos se cierran y las explicaciones quedan pendientes
La controversia adquiere otra dimensión cuando se analizan las consecuencias económicas. Un camino rural intransitable puede impedir la salida de granos, complicar el transporte de hacienda, retrasar la llegada de insumos y aumentar los costos logísticos. También perjudica a contratistas, transportistas, trabajadores y empresas que prestan servicios al agro. Para un establecimiento lechero, una interrupción prolongada puede representar pérdidas inmediatas. Por eso, las restricciones de circulación no deberían analizarse únicamente desde la conservación del suelo, sino también desde sus efectos sobre la producción y el funcionamiento de las economías locales.
Desde el punto de vista técnico, la circulación de camiones y maquinaria pesada sobre caminos saturados de agua puede provocar daños importantes. Las huellas profundas, la pérdida de material y la deformación de la calzada pueden demandar trabajos costosos de recuperación. En ese contexto, una restricción temporal puede resultar razonable. Pero también corresponde preguntarse qué medidas preventivas se adoptaron, qué sectores presentan mayores dificultades y qué alternativas existen para garantizar las actividades esenciales. Proteger los caminos es una responsabilidad municipal; asegurar que puedan utilizarse para producir también debería formar parte de la planificación.
El debate sobre las tasas viales también alcanza a otros municipios bonaerenses, donde las entidades rurales reclaman información sobre la recaudación y el destino de los fondos destinados al mantenimiento de la red caminera. La discusión no pasa solamente por cuánto paga el productor, sino por la calidad del servicio que recibe a cambio. Una administración transparente debería permitir conocer las obras ejecutadas, los recursos invertidos y los resultados obtenidos. En ese contexto, la decisión de Pehuajó vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿qué planificación existe para evitar que cada episodio de lluvias termine afectando la circulación de la producción?
En Pehuajó, Zurro dejó abierta la posibilidad de extender la prohibición si continuaban las precipitaciones. La medida, anunciada inicialmente por 48 horas, debía finalizar este martes, aunque su continuidad quedó condicionada a la evolución del tiempo. Para productores y empresas rurales, esa incertidumbre puede dificultar la organización de traslados y tareas. La advertencia del intendente sobre el costo de reconstruir los caminos es atendible desde una perspectiva técnica, pero también invita a una discusión sobre las prioridades presupuestarias y la calidad de la infraestructura disponible para quienes producen en el distrito.
El problema de fondo no es solamente que un intendente cierre caminos después de una lluvia, sino que la actividad agropecuaria siga dependiendo de una infraestructura cuya conservación genera reclamos recurrentes. Los productores deben cumplir obligaciones tributarias, afrontar costos de producción, contratar servicios y responder a compromisos comerciales. Por eso, tienen razones para exigir información verificable sobre el destino de las tasas viales. La transparencia permitiría distinguir entre daños inevitables por fenómenos climáticos, deficiencias de mantenimiento y necesidades de inversión que todavía no fueron resueltas.
La Argentina necesita producir más, reducir costos logísticos y mejorar su competitividad internacional, pero esos objetivos empiezan mucho antes de que un camión llegue al puerto. Empiezan en el camino rural que conecta un campo con una planta industrial, un acopio o una ruta. La discusión que abrió Pablo Zurro debería servir para exigir planes de mantenimiento, presupuestos transparentes y soluciones de infraestructura. Porque mientras el intendente advierte que reconstruir los caminos cuesta mucho, queda pendiente una pregunta todavía más importante: ¿cuánto le cuesta al campo argentino no poder utilizarlos para trabajar?