Saladillo Campo

La Secretaría de Energía publicó este jueves dos resoluciones en las que habilitó fuertes subas en el precio mínimo que las petroleras deben pagar por los biocombustibles para el corte de las naftas y el gasoil.

En primer término, fijó el nuevo valor de adquisición del biodiésel en $ 923.590 la tonelada, lo que implica un alza del 34% en relación al valor que estaba vigente, de $ 686.986.

En tanto, para el bioetanol, actualizó los valores de la siguiente manera:

• De caña de azúcar: el nuevo precio por litro es de $ 465,84, una suba del 34% frente a los $ 348,54 que se habían dispuesto inicialmente para diciembre.
• De maíz: Energía aumentó la cotización a $ 463,91, un 28% más que los $ 361,17 que se abonaban hasta hoy.

Desde el Gobierno recordaron que si bien está vigente una fórmula de actualización de los precios automática, también la Secretaría tiene la posibilidad de “efectuar modificaciones en el procedimiento, tanto en los casos en que se detecten desfasajes entre los valores resultantes de su implementación y los costos reales de elaboración de los productos, o bien cuando dicho precio pueda generar distorsiones en los precios del combustible fósil en el pico del surtidor”.

“Dado el contexto macroeconómico actual, resulta necesario atender la incidencia que posee la modificación de los precios relativos en la estructura de costos”, agrega Energía en sus resoluciones.

CAMBIOS EN LA LEY DE BIOCOMBUSTIBLES

En paralelo, la elevación del proyecto de ley “ómnibus” por parte del Poder Ejecutivo al Congreso, con muchas novedades para el agro como la formalización del nuevo esquema de retenciones y la pretensión de lograr el status único sanitario para los frigoríficos, también trajo como novedad que la presidencia de Javier Milei apunta a modificar la Ley de Biocombustibles actualmente vigente.

Dentro del capítulo “Energía” del mega proyecto normativo, se incluye una sección sobre biocombustibles con numerosos artículos que plantean importantes cambios en las normativas que regulan este mercado.

Lo más importante: se elimina la intervención del Gobierno fijando un precio mínimo, y de esta manera las petroleras deberían negociar de manera directa con los proveedores de biodiésel y bioetanol.

En concreto, lo que propone textualmente la ley “ómnibus” para los biocombustibles es lo siguiente:

ARTÍCULO 307

Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, por el siguiente:

“ARTÍCULO 1º.- Apruébese el Marco Regulatorio de Biocombustibles, el cual comprende todas las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles, en los términos de la presente ley.”

ARTÍCULO 308

Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, por el siguiente:

“ARTÍCULO 3º.- Serán funciones de la autoridad de aplicación:

1. Regular, administrar y fiscalizar la producción, comercialización y uso sustentable de los biocombustibles;
2. Adecuar a los términos de la presente ley las normas que establecen las especificaciones de calidad de los biocombustibles, la seguridad de las instalaciones en las cuales éstos se elaboran, mezclan y/o almacenan, y aquellas que se vinculen con el registro y/o habilitación de las empresas y/o productos;
3. Realizar auditorías e inspecciones en las empresas e instalaciones de elaboración, almacenaje y/o mezcla de biocombustibles, a fin de controlar su correcto funcionamiento y su ajuste a la normativa vigente;
4. Aplicar las sanciones establecidas en la presente ley;
5. Fiscalizar el ejercicio de las actividades a que se refiere la presente ley, a fin de asegurar la observancia de las normas legales y reglamentarias correspondientes;
6. Hacer uso de todos los medios que considere necesarios para el ejercicio de sus funciones de inspección y fiscalización;
7. Dictar las normas complementarias que resulten necesarias para interpretar y aclarar el presente régimen, así como también ejercer toda otra atribución que surja de la reglamentación de la presente ley a los efectos de su mejor cumplimiento.”

ARTÍCULO 309

Sustitúyese el artículo 4° de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, por el siguiente:

“ARTÍCULO 4º.- A los fines de la presente ley, se entiende por biocombustible al bioetanol, al biodiesel y a cualquier otro biocombustible que cumpla los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación cuyo origen sea agropecuario, agroindustrial y/o provenga de desechos orgánicos.”

ARTÍCULO 310

Sustitúyese el artículo 5° de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, por el siguiente:

“Registro de Biocombustibles

ARTÍCULO 5º- Quienes elaboren, almacenen y/o comercialicen biocombustibles deberán registrarse y habilitarse en el Registro que se crea por la presente norma, conforme lo establezca la reglamentación.”

ARTÍCULO 311

Sustitúyese el artículo 8° de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, por el siguiente:

“Mezcla mínima obligatoria de biocombustibles con combustibles fósiles.

ARTÍCULO 8°. – La autoridad de aplicación podrá imponer porcentajes mínimos de mezcla entre cada biocombustible con los combustibles fósiles. Hasta tanto la autoridad de aplicación determine dichos porcentajes mínimos, medidos sobre la cantidad total del producto final, ellos serán del 7.5% en gasoil o diesel oil y del 12% en nafta -conforme la normativa de calidad de combustibles vigente o la que en el futuro la reemplace.”

ARTÍCULO 312

Sustitúyese el artículo 10 de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, por el siguiente:

“ARTÍCULO 10.- Las empresas responsables de llevar a cabo las mezclas obligatorias de biocombustibles con combustibles fósiles deberán asegurar el cumplimiento de la normativa respecto a la calidad en el surtidor de cada combustible en cuestión, conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley.”

ARTÍCULO 313

Sustitúyese el artículo 13 de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, por el siguiente:

“ARTÍCULO 13.- Las empresas encargadas de llevar a cabo las referidas mezclas mínimas obligatorias podrán adquirir libremente biocombustibles pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, al igual que en los casos en que se lleve a cabo la comercialización de biocombustibles que no tenga por destino la mezcla mínima obligatoria con combustibles fósiles.”

ARTÍCULO 314

Sustitúyese el artículo 21 de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, por el siguiente:

“ARTÍCULO 21.- Establécese que, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, quedarán derogadas las leyes N° 23.287, 26.093 y 26.334, y toda la normativa reglamentaria de las mismas.”

ARTÍCULO 315

Deróganse los artículos 6°, 9°, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22 y 23 de la Ley N° 27.640.

La industria frigorífica vinculada al consumo interno y la exportación recibió de manera favorable la intención del Gobierno de implementar un status sanitario único a nivel nacional.

Se trata de una discusión de larga data en la cadena de ganados y carnes, y por el momento resta conocer cuál será la postura de los eslabones intermedios del negocio.

Según pudo averiguar Infocampo, la cámara que representa a matarifes y abastecedores se encuentra analizando el contenido del texto que el presidente Javier Milei envío al Congreso Nacional.

Mientras tanto, tras conocerse el capítulo de Carnes incluido en la Ley “Omnibus”, el Consorcio Exportador de Carnes ABC, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica) celebraron esta decisión.

FRIGORÍFICOS, A FAVOR DE UN STATUS SANITARIO ÚNICO

“Vemos la incorporación de un capítulo de Carnes que pregona una reforma solicitada durante años por el sector, y que da garantías a la salud de los consumidores argentinos al establecer un Estatus Sanitario Nacional”, señalaron las tres entidades en un comunicado conjunto.

En este punto, también destacaron que el proyecto permitirá designar “una autoridad sanitaria a nivel federal con poder de control sobre la faena, elaboración, y transporte de productos y subproductos bovinos en todo el territorio nacional”.

Al respecto, los industriales recordaron que la cuestión del status sanitario único se discute desde 1990.

“Las enfermedades no tienen fronteras, por ende, la definición clara, concreta e indubitable, de una autoridad nacional competente y que las provincias puedan concurrir a ejercer el control es la solución institucional definitiva”, argumentaron.

En el comunicado, remarcaron que las garantías de salubridad de los productos alimenticios -en especial la carne vacuna– deben ser las mismas en todos los rincones del país.

“El espíritu de esta normativa garantizará para los consumidores de todas las provincias y municipios del país el acceso a un alimento seguro, de alta calidad nutricional y con un debido control a cargo de la autoridad sanitaria federal en materia de productos de origen animal”, señalaron.

Y concluyeron: “Merecemos, como un país consumidor de proteínas de origen animal, tener aseguradas las garantías de inocuidad y un estándar sanitario de plantas de faena adecuado a condiciones higiénico-sanitarias que garanticen la salud de los consumidores de estos productos”.

Mientras el Gobierno busca poner en marcha una suba en los derechos de exportación al complejo agroexportador, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) rechazó el proyecto de ley enviado por el oficialismo al Congreso.

Como se recordará, la nueva normativa busca elevar al 15% las retenciones para todos los cultivos –salvo una serie de excepciones en economías regionales- y eliminar el diferencial de 2% que la industria aceitera tenía sobre el poroto de soja. Esta decisión originó un fuerte reclamo por parte del complejo agroexportador.

“El CAA reitera que este tipo de proyectos con subas de derechos de exportación son contradictorios con la generación de empleo, producción y exportaciones que ha expresado el Gobierno”, advirtieron desde la entidad.

En este punto, los industriales reconocieron que en el marco de la actual situación económica se necesita llegar a un punto de equilibrio fiscal.

“No sucederá aumentando impuestos a economías regionales agroindustriales y otras cadenas de valor agroindustriales exportadoras como carnes, pesca, complejo industrial de la soja y del trigo, entre otros”, argumentaron.

El CAA sostuvo que buscará entablar diálogo con legisladores, para eliminar la suba de derechos de exportación y las otras medidas previstas en el proyecto de ley. Y no perdieron oportunidad de recordarle al presidente Javier Milei sus promesas electorales.

“El Gobierno entrante anuncio en su campaña que iba a eliminar la facultad del Poder Ejecutivo de imponer derechos de exportación y que procedería a no imponer este tipo de impuestos”, afirmaron.

LAS BOLSAS Y EL COMPLEJO EXPORTADOR, TAMBIÉN EN CONTRA

Las Bolsas de Cereales Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos; y de Comercio del Chaco consideraron que las retenciones “constituyen un impuesto de carácter distorsivo, con efectos claramente desalentadores sobre los distintos actores de la economía”.

Si bien reconocieron que la actual coyuntura requiere que la Casa Rosada aplique medidas para estabilizar las cuentas públicas, se deberían “encontrar otros mecanismos alternativos a implementar y no recurrir en forma permanente al aumento de los derechos de exportación”.

Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) expresó su descontento al conocerse la eliminación del diferencial de retenciones que existe entre los subproductos de soja (harina y aceite), que hoy paga una alícuota del 31%; y el poroto, que abona 33%. “Es una muy mala noticia para la economía del país”, afirmaron.

De acuerdo a la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), de cada $100 de renta que genera el campo en soja, trigo y maíz, el Estado se queda con $59.

Con respecto a la última medición de la entidad (que se elabora de manera trimestral), el índice cayó un 17% con respecto a septiembre.

Al analizar por cultivo, la participación del Estado en soja es del 64,8%, trigo 60,7%, maíz 49,6% y girasol 45,8%.

Según Nicolle Pisani Claro, economista de FADA, esto se debe principalmente al incremento de los rindes en los cultivos y no tanto a las medidas anunciadas por el Gobierno.

Los economistas de FADA analizaron la estructura de costos de los cultivos y concluyeron que, en soja, un 58% están expresados en dólares y el 42% restante en pesos.

Si a esta variable si añade el costo de la tierra, los costos dolarizados trepan al 72%.

En maíz,  los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 62% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 38%.

Si se considera el costo de la tierra, la incidencia de los costos dolarizados asciende al 69%.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS IMPUESTOS

Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 64,9% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. En este punto, el mayor peso recae sobre los derechos de exportación y se debe añadir el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

En tanto, los tributos nacionales coparticipables entre Nación y las provincias representan el 32,2% de los impuestos medidos. En este listado figuran sobre todo Ganancias y los saldos técnicos de IVA:

Las provincias reciben parte del 32,2% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. En este rubro, se incluyen el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos con una alícuota reducida: Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, no cobran este último impuesto. De este modo, los tributos provinciales representan el 2,7% de los impuestos totales.

Por último, los impuestos municipales representan el 0,2% de los impuestos y en provincias que cobran estos impuestos, la participación es mayor.

Mientras el Índice FADA nacional es de 59%, en Entre Ríos se ubica en 60,4%, seguida por Córdoba (59,1%); Santa Fe (58%); Buenos Aires (57,4); La Pampa (56,7%) y San Luis, con 56,2%.

EL IMPACTO DE LAS NUEVAS MEDIDAS ECONOMICAS

El último informe de la entidad también se enfocó en los recientes anuncios económicos del Gobierno.

“De las medidas adoptadas por el nuevo gobierno hay tres que pueden tener efecto sobre esta medición: devaluación, desdoblamiento cambiario y apertura de importaciones. A eso se suma el reciente envío al Congreso de la Ley Ómnibus que contiene subas en los derechos de exportación”, explicó David Miazzo, Economista Jefe de FADA.

El economista explicó que la suba en el tipo de cambio se reflejará en una mejora en el poder de compra de los granos, con respecto a costos en pesos como fletes y labores. “Sin embargo, en los próximos meses se irán encareciendo, lo que puede impactar en una suba del índice en próximas mediciones”, expresó Miazzo.

Por otro lado, el desdoblamiento cambiario genera un tipo de cambio mayor para los insumos importados respecto al dólar exportador. Para la entidad, el dolar para la importación “inflará” la cotización de los insumos traídos desde el exterior: en la práctica, pagarán $947 por cada dólar importado, pero en la práctica al productro se lo cotiza a un tipo de cambio oficial de $807.

“La apertura de las importaciones debería ir reduciendo algunos precios en dólares, pero irá sucediendo gradualmente a lo largo de las próximas semanas a medida que se normalice el flujo de pago de esas importaciones”, detalló. 

En FADA también midieron cuanto impactaría la suba en los derechos de exportación en el índice que mide la participación del Estado en la renta agrícola. En soja, el promedio a nivel nacional pasará de 59% a 60,4%; en maíz y trigo subiría 3% y 13% en el caso del girasol.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) salió al cruce este miércoles de la intención del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de aumentar el Impuesto Inmobiliario Rural hasta un 300%.

En un comunicado en el que también apuntó contra la propuesta de Máximo Kirchner de reactivar un “fondo sojero” para financiar obra pública, la entidad manifestó que avanzar con estas ideas sería “un golpe de gracia” a los productores

“La idea de aumentar el impuesto inmobiliario en un 300% en la provincia de Buenos Aires plantea una carga fiscal insostenible para los productores, comprometiendo su capacidad de producción y generación de empleo”, advirtieron desde CRA.

También remarcaron que “o puede pasar desapercibido que estas nuevas iniciativas vengan de la mano de representantes políticos de un gobierno que dejó el país en ruinas y con niveles de pobreza históricos”.

Y agregaron, en una clara mención a Kicillof, que “tampoco podemos soslayar, que quienes alientan las movilizaciones en contra del ajuste del gobierno nacional, intenten aplicar impuestazos del orden del 300% en su territorio”.

“Obviamente, eso sin contar que han sido los autores intelectuales de decenas de medidas en contra de la producción que han puesto en jaque a miles de productores”, continuaron.

En este contexto, se preguntaron por qué, en vez de recurrir a “succionar” recursos del agro, no proponen “racionalizar agresivamente superfluos gastos estatales”.

“Ante este escenario, CRA insta a las autoridades a reconsiderar estas medidas que amenazan la viabilidad de la producción nacional y exige una revisión inmediata de las decisiones que afectan directamente a la producción argentina“, finalizó la entidad.

“SORPRENDIDOS Y PREOCUPADOS”

Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), amplió los conceptos al señalar: “Estamos este sorprendidos y preocupados por la característica que va a tener el Impuesto Inmobiliario a lo largo del 2024″.

El directivo explicó que en la última base imponible desde donde se aplica la alicuota y surge el impuesto se multiplicaba por tres, pero en el nuevo cálculo pasará a multiplicarse entre 12 y 15.

“Muchos productores que estaban en una escala puede haber pasar a otra, donde el incremento del impuesto puede llegar entre 240% y hasta el 300%”, evaluó.

Para Salaverri, este incremento “no tiene nada que ver con la inflación, hay una presión adicional al sector agropecuario que va más allá de la inflación”.

En este sentido, remarcó que a estas subas se deberán agregar otras como Ingresos Brutos y patentes, que incrementarán la presión tributaria global sobre el sector.

“Siguiendo los lineamientos del proceso inflacionario, que nosotros reconocemos, estaríamos dentro de la posibilidad de pago. Pero cuando esto excede con una cuota más, creemos que es una situación no será fácil de llevar”, concluyó.

COMUNICADO DE LA MESA DE ENLACE

Por la tarde, la Mesa Agropecuaria de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que dijo que “rechaza la decisión que promueve el gobierno provincial sobre el aumento y creación de más impuestos que afectan a la producción”.

“El Gobierno Nacional está realizando un ajuste en todas las provincias y además la inflación será alta en estos meses, en función del nuevo plan económico trazado por el Presidente, eso no da lugar igualmente a las medidas propuestas por el gobernador Axel Kicillof, quien pretende subir y crear impuestos aumentando la presión impositiva a los productores“, reclamó.

Para la Mesa de Enlace bonaerense, “nuevamente la política sale a la búsqueda de recursos de quienes producen y generan empleo en nuestro país, como siempre decimos parece que se castiga al productor con más impuestos. Más presión al campo implica, menos desarrollo local y menos productividad. Pasan los años y y la caja es siempre la misma”.

Y coincidió con CRA en que la administración de Kicillof “no piensa en bajar costos internos que provienen de la política y la gestión”, y recurre nuevamente “a recetas del pasado” con las que busca en el campo “los ingresos para justificar numerosos gastos innecesarios”.

“Un nuevo golpe al bolsillo de los productores agropecuarios, el gran ajuste lo amortigua el campo con una suba entre 140 y 300% del Impuesto Inmobiliario Rural. El aumento desmedido se suma a las tasas que los municipios están incrementando y que agobia a los productores, en la mayoría de los casos, además sin contraprestación del servicio y con un deplorable estado de los caminos rurales“, disparó a Mesa.

Otro aspecto que cuestionó es que otra vez el paquete impositivo se anuncie sin consultas previas ni consensos.

“Esperamos se pueda revertir las medidas y poder dialogar en la búsqueda de mejores decisiones para el productor. Por lo antes expuesto solicitamos nos reciba el Gobernador y también los presidentes de los distintos bloques que conforman el arco político de la Provincia de Buenos Aires”, cerró la Mesa Agropecuaria.