Saladillo Campo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó 224.870 kilos de granos valuados en $15.930.000 en tres operativos realizados en las provincias de Salta, Entre Ríos y Buenos Aires.

AFIP en Salta, Entre Ríos y Buenos Aires

Agentes especializados en actividades agropecuarias del organismo que dirige Carlos Castagneto incautaron en Salta 160.000 kilos de granos valuados en $12.000.000 durante un operativo llevado a cabo en la ruta a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia. En total, se hallaron 120.000 kilos de trigo, 30.000 kilos de soja y 10.000 kilos de maíz.

Los inspectores detectaron que la mercadería, que era trasladada en seis camiones, era de dudosa procedencia y tenía como destinatarios a  sujetos sin capacidad económica y financiera para realizar esas operaciones. Por la ubicación del hallazgo, se presume que el objetivo era llevarla del otro lado de la frontera para allí comercializarla.

El operativo de control, originado en alertas tempranas respecto de cargas de granos con destino a localidades fronterizas, contó con la colaboración de Gendarmería Nacional y fue realizado sobre la ruta nacional 34, en la localidad de Aguaray, a 30 kilómetros de la frontera con Bolivia.

Por otro lado, en un depósito fiscal de la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay, la AFIP  incautó 28.870 kilos de maíz partido, valuados en $2.200.000, tras una alerta efectuada por la Dirección General de Aduanas (DGA) por una posible exportación fraudulenta.

Allí el personal del organismo detectó que una empresa sin capacidad económica y financiera pretendía realizar una exportación de casi 29.000 kilos de maíz distribuidos en 22 bolsas especiales para granos. Tras ello, se procedió a dar de alta a la firma en la base de contribuyentes no confiables e-Apoc y a decomisar la mercadería.

En tanto, durante un control de rutina sobre la carga de camiones realizado sobre la  Ruta Nacional nro. 5 a la altura de la localidad bonaerense de Olivera, se incautaron 36.000.000 kilos de maíz, valuados en $1.730.000, que circulaban sin su correspondiente carta de porte.

El operativo contó con la colaboración de Gendarmería Nacional.

«Estas acciones especializadas en actividades agropecuarias tienen el fin de desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva que perjudiquen a los productores legítimos que operan cumpliendo todas las normativas vigentes», destaca la AFIP.

Operativo en un campo de San Andrés de Giles

Días atrás, la AFIP incautó 47 toneladas de maíz en un feedlot de la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, tras detectar inconsistencias en su registro. La mercadería, que equivale a dos camiones de carga, se encontraba en un silo y está valuada en $2.180.000.

Inspectores del área especializada en actividades agropecuarias del organismo conducido por Carlos Castagneto descubrieron las irregularidades tras cotejar el stock registrado con el procedimiento de cubicaje en los silos (medición en el lugar de la existencia real de cereal en las unidades de almacenamiento). Allí, se pudo comprobar que los granos almacenados no se encontraban declarados, lo que presume la intención de comercializarlos de manera informal.

El operativo contó con la colaboración de la policía de la Provincia de Buenos Aires.

«La AFIP continuará realizando estos procedimientos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. De esta manera, se busca evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos», señala el comunicado.

Más operativos en la cadena agrocomercial

En otro operativo, a través de la Dirección General Impositiva (DGI), desarticuló maniobras fraudulentas en la cadena agrocomercial en operativos realizados en ruta y en un establecimiento agropecuario, en las provincias de Entre Ríos y Córdoba. Como resultado de las tareas de fiscalización y control, agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto incautaron 30 toneladas de sorgo, 219 toneladas de soja y 41 toneladas de aceite crudo, por un valor aproximado de 43 millones de pesos.

En la localidad cordobesa de San Basilio, personal de la DGI llevó adelante un procedimiento en una pequeña aceitera. Allí detectaron mediante tareas de cubicaje que las existencias de soja y de aceite eran superiores a las registradas, por lo que procedieron a interdictar 219 toneladas de granos y 41 toneladas de aceite crudo, que en su conjunto suman un valor de 41 millones de pesos. En el operativo participaron además, miembros de la policía local.

Por otro lado, en el cruce de la ruta nacional 18 y la ruta provincial 11 en Entre Ríos, en las cercanías de la localidad de Viale, inspectores de la AFIP llevaron a cabo un control de rutina sobre un camión que transportaba 30 toneladas de sorgo. La mercadería transportada no contaba con la carta de porte electrónica, el único documento legal respaldatoria para su traslado.

Ante esta irregularidad, se procedió a efectuar la interdicción de los granos, que fueron depositados en un acopio de la zona a la espera del inicio del trámite administrativo para su decomiso. El total interdicto posee un valor comercial de $1.800.000,00.

«Las áreas especializadas en actividades agropecuarias de la AFIP focalizan sus esfuerzos en la desarticulación de potenciales maniobras de evasión impositiva. Estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos», concluye el organismo.

El transporte de cargas de cereales y oleaginosas logró un aumento de la tarifa de regencia del 30 % para junio. De esta manera, la Federación de Transportadores Argentinos comunicó que el acuerdo del valor se definió durante la Mesa de Negociación Participativa.

Con la nueva tarifa, desde junio el valor de referencia nacional subió para el transporte de cereales, oleaginosas, productos y subproductos. A modo de ejemplo, un viaje de 400 kilómetros quedará en $12618,76.

El sector busca paliar el impacto del aumento de los costos. El último informe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) arrojó que, durante el primer semestre, el acumulado es del 52 %. “El combustible y los lubricantes se destacan entre los insumos que más incrementaron”, comentó la entidad empresarial.

La Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) presentaron hoy ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) de la Capital Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la modificación de la tasa de interés establecida por el Acta 2764/22. Asimismo, reclamaron que se reemplace por una nueva tasa que incorpore parámetros de mayor razonabilidad.

Reclamo por el costo de los juicios laborales

Esta acta de la CNAT varió el criterio de actualización de los créditos laborales, resolviendo aplicar la capitalización anual sobre las tasas de interés establecidas en actas anteriores, generando de ese modo una nueva distorsión, esta vez muchísimo más grave, injusta e inequitativa, en perjuicio de los empleadores.

La aplicación de esta acta, lejos de aportar una solución en la materia, lo que produce es un mayor desempleo, ya que difícilmente los empleadores, y especialmente las pequeñas y medianas empresas, se animen a emplear ante la posibilidad de que una eventualidad laboral tenga un costo muy superior al del negocio en sí mismo. De esta manera, se ocasiona una afectación de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas.

Y es que la aplicación del Acta 2764/22 genera un resultado tan exorbitante que, no sólo es desproporcionado, sino que importa una alteración en la legislación laboral, toda vez que las liquidaciones reflejan un excesivo aumento en los importes a pagar, colisionando los parámetros indemnizatorios fijados en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

La tasa establecida por el acta implica, indirectamente, una modificación de la LCT. Así se obtienen indemnizaciones mayores al mes por año, cambio que, necesariamente, requeriría de una la ley del Congreso de la Nación. Esta vía indirecta de variar judicialmente la ley de fondo viola el art. 31 de la ley Suprema en tanto son sólo las leyes y la Constitución Nacional (CN) las que pueden regir la vida de los habitantes.

A su vez, también viola el art. 75 inc. 12 en tanto únicamente es atribución del Congreso de la Nación dictar el Código del Trabajo. Y, finalmente, también se violenta el art. 116 de la CN en tanto concierne a los tribunales el “conocimiento y decisión” de las causas a ellos sometidas, pero nunca y en ningún caso la modificación de las leyes. Por último, al cambiar la ley en forma indirecta se viola el derecho de propiedad.

Si el Poder Judicial continuara desnaturalizando la ley se trataría de confiscatoriedad o incluso de expropiación sin indemnización y es lo que está sucediendo con la tasa del Acta 2764/22, que, se reitera, termina estableciendo cifras que van desde 3 a 5 meses por año, cuando el art. 245 de la LCT establece que la indemnización por despido es de un mes por año.

Como conclusión, SRA, CAME y CONINAGRO expresan que, conforme un parámetro de razonabilidad, la tasa más elevada del sistema financiero, es decir, la efectiva anual vencida o de libre destino, es el máximo que se puede aplicar, sin capitalización, justamente por ser la más elevada. Fuera de ello, cualquiera fuera el parámetro, en ningún caso la capitalización puede ser múltiple, porque ello no es acorde con el esquema legal vigente.

Cabe destacar que la presentación de las tres entidades se acompañó de un “Informe Económico de Razonabilidad del Acta 2764”, suscripto por el titular del Estudio Lisicki Litvin & Asociados, César Litvin, que ilustra con claridad la procedencia del pedido que se formula a la Cámara del Trabajo de establecer una tasa de interés sin capitalizar y que pertenezca al menú que ofrece y/o tiene disponible el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Crece el conflicto entre el sector productivo de Chaco y el gobierno provincial. Las filiales de Sáenz Peña, La Tigra, Avia Terai, Corzuela, Hermoso Campo y Santa Silvina realizaron una asamblea y se declararon en alerta y movilización.

Las integrantes de la entidad manifestaron que necesitan una respuesta urgente con ayuda económica. La sequía golpeó al sector y se encuentran en una situación crítica.

Las filiales resolvieron poner un plazo de siete días. “Si no hay respuestas concretas a lo expuesto, se evaluará recurrir medidas de fuerza que pueden incluir la movilización en ruta”, manifestaron las entidades a través de un comunicado. 

El sector productivo reclama el pago inmediato de la emergencia en curso. Señalaron que la producción está por entrar a la siembra y no hay recursos para subsistir.

Al mismo tiempo, el sector pidió una asistencia extraordinaria en forma de combustible de 400 millones de pesos. En este punto, reclaman que sea un aporte para quienes no pudieron usar el dólar soja 3.

En cuanto al sector algodonero, los productores reclaman una ayuda ya que hay una sobreoferta y no pueden volcarlo al mercado. “No hay compradores, no hay precios de referencia ni dinero para afrontar los servicios de flete y cosecha”, explicó el sector productivo.

También solicitaron una asistencia con seguro multirriesgo para la nueva siembra girasol. Las filiales pidieron un costo diferencial de fletes para el Norte Grande. “Se necesita sí o sí una mirada especial para esta zona del país en lo que hace a retenciones y fletes”, aclararon las filiales.

Por otra parte, las entidades pidieron la reactivación de las viviendas rurales, y una mejora del servicio de electrificación rural. Por último, solicitaron la prórroga de la emergencia agropecuaria.

Con estos pedidos, las filiales le dieron siete días al gobierno para recibir una respuesta. “El malestar de los productores está latente y se va profundizando con el correr de los días”, concluye el comunicado.